Nuevas medidas en vigor para garantizar la seguridad alimentaria en Europa
Francisco Fenoy, Socio de Ontier y Responsable Legal Sector Agroalimentario y de la Distribución. Resulta de especial importancia adaptar las medidas de seguridad a las variaciones del mercado, como pueden ser la existencia de mayor variedad, mayor globalización del comercio de alimentos, así como la modificación de los patrones de producción, distribución y consumo.
La seguridad alimentaria en la Unión Europea no es precisamente un tema baladí, dado el esfuerzo permanente de la Comisión Europea por garantizar un alto nivel de seguridad alimentaria y salud animal y vegetal mediante medidas como la estrategia “de la granja a la mesa” (From Farm to Fork), así como en garantizar la mejora de sostenibilidad mediante el Pacto verde (Green Deal”), participando activamente en la protección de los “recursos verdes”. Esta seguridad es un factor clave en toda la cadena de producción de alimentos.
La seguridad de los alimentos, así como el control de todos los pasos y procesos sufridos durante la cadena alimentaria, es un asunto complejo. Si a eso le sumamos la globalización creciente e imparable de los mercados, acaban apareciendo puntos débiles que ponen en riesgo la salud de los consumidores. De lo expuesto, resulta de especial importancia adaptar las medidas de seguridad a las variaciones del mercado, como pueden ser la existencia de mayor variedad, mayor globalización del comercio de alimentos, así como la modificación de los patrones de producción, distribución y consumo.
En este sentido, a partir del 21 de abril de 2021 entrarán en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403, (UE) 2021/404 y (UE) 2021/405 de la Comisión de 24 de marzo de 2021. Dichos Reglamentos se han adoptado para establecer un mayor control en la cadena agroalimentaria de la Unión Europea, acordando normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo; así como para establecer listas de terceros países autorizados a introducir en la Unión determinados animales y mercancías destinadas al consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 y Reglamento (UE) 2017/625.
La entrada en vigor de estos Reglamentos conlleva varias acciones, como por ejemplo asegurar sistemas de control efectivos mediante la evaluación del cumplimiento de las normas establecidas en los sectores de seguridad y calidad alimentaria, sanidad animal, bienestar animal, nutrición animal y sanidad vegetal.
Asimismo, implica gestionar las relaciones internacionales con países no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales en relación con la seguridad y calidad alimentaria ya mencionada. Con ello, se pretende elevar y mejorar el estado sanitario y las condiciones de los animales en la UE, permitiendo al mismo tiempo el comercio intracomunitario y las importaciones de animales y productores de animales de acuerdo con las normas sanitarias adecuadas.
En este mismo sentido, con arreglo al nuevo marco zoosanitario, se pretende promocionar el libre comercio de animales reproductores y su material genético mediante la publicación de listas de terceros países y territorios que han sido autorizados para ello, junto a condiciones específicas y requisitos zoosanitarios, y todo ello considerando la sostenibilidad de los programas de reproducción y la preservación de los recursos genéticos.
En España, ya se ha aprobado el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), en el que se aglutina en un documento único los controles oficiales que llevarán a cabo las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final. Este Plan estará vigente desde 2021 hasta el 2025.
La adecuada verificación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Plan pasa a ser, por tanto, una cuestión crucial para todas las empresas del sector agroalimentario y de la distribución.
Francisco Fenoy, Socio de Ontier y Responsable Legal Sector Agroalimentario y de la Distribución.