La industria alimentaria ante el vencimiento de los préstamos ICO y medidas de fortalecimiento financiero

El sector de la industria alimentaria y de la distribución se ha caracterizado en los últimos años por su resiliencia, siendo uno de los menos afectados en su momento por la pandemia de Covid, experimentando inicialmente un retroceso más suave que otros sectores económicos, y mostrando una enorme capacidad de adaptación ante el notable cambio en los patrones de consumo alimentario de las familias españolas.

La pandemia puso de manifiesto la importancia del sector agroalimentario como pilar esencial de la economía española (no en vano, incluye agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas, industria alimentaria, mayoristas, comercio minorista, distribución o logística, y canal HORECA). Si bien, no a todos estos subsectores les afectó la pandemia por igual, habiéndose experimentado realidades muy distintas en términos de cierres de negocio, ERTES, acogimiento a ICOs y solicitudes de ayudas públicas.

Y justo cuando veíamos cercana una recuperación paulatina de la normalidad y el advenimiento de una etapa sino post-Covid al menos sí post-Vacuna, la coyuntura reciente nos trae una huelga de transportes, la invasión de Ucrania, el encarecimiento de materias primas y los suministros, récords históricos en precios de carburantes y electricidad, y un panorama de gran incertidumbre en los mercados.

Todo ello sin olvidar la presión que se viene ejerciendo al sector desde la Unión Europea para los objetivos de la Agenda 2030 y los requerimientos del Pacto Verde Europeo y la Estrategia “de la Granja la Mesa”, que imponen una transformación constante en términos de sostenibilidad, salud y seguridad alimentaria, digitalización, transparencia, …, con sus respectivos costes asociados.

Ante este panorama, y con la actual coyuntura económica, se siguen abriendo numerosos interrogantes para la empresas de la Industria Alimentaria a la hora de diseñar su estrategia financiera y de negocio a corto y medio plazo.

Por ello, desde ONTIER venimos celebrando, junto con la colaboración de NK5, asesores financieros especializados en este tipo de situaciones, diversos actos en los que analizamos las principales cuestiones prácticas para la toma de decisiones que permitan resolver con éxito futuros escenarios de vulnerabilidad financiera.

José Luis Luna, Socio de Reestructuraciones, Insolvencias y Situaciones Especiales de ONTIER, considera que: “Ante la situación a la que nos enfrentamos en la actualidad, desde el punto de vista legal es de vital importancia estar al día de los recientes cambios legislativos y, sobre todo, del fin de las distintas normas dictadas durante la pandemia para la protección de empresas y empresarios de los efectos provocados por la crisis del Covid. Así, es esencial conocer que, con el fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, quienes se encuentren en un estado de insolvencia tal que no les permita ya afrontar sus obligaciones de pago tienen un plazo máximo de dos meses (desde el 1 de julio) para solicitar su concurso, pudiendo incurrir en responsabilidad en caso de no llevar a cabo dicha medida.

Ahora bien, el administrador también dispone de otros mecanismos legales previos previstos en la nueva legislación concursal para poder evitar este escenario, tal como la comunicación del inicio de negociaciones con los acreedores (anterior preconcurso) con el fin de poder llegar a un acuerdo con estos, que permita a la sociedad solventar su situación. Durante este período, que puede tener carácter reservado, se contará con una protección especial, debida principalmente a la paralización de las ejecuciones de créditos existentes, a la prohibición del inicio de otras nuevas, así como al mantenimiento de los contratos necesarios para la actividad, pese a que estos hayan sido incumplidos antes de presentar la comunicación.

Este acuerdo (Plan de Reestructuración) podrá consistir tanto en la modificación de los términos y condiciones de la deuda como en nueva liquidez. La ventaja de este plan de reestructuración, es que podrá ser alcanzado no solo con acreedores financieros, sino también con acreedores comerciales, incluyendo, incluso, pasivo contingente. Es más, en el caso de que algunos acreedores decidan no apoyarlo se podrá acudir a la figura de la homologación judicial para conseguir el arrastre de los acreedores disidentes.

Asimismo, se prevén ayudas públicas dedicadas en exclusivo al sector agroalimentario, Fondos Next Generation EU y PERTE agroalimentario, que permitirán el desarrollo y la modernización del sector.”

Manuel Roca de Togores, socio de NK5, considera que “los principales retos del sector pasan por optimizar los 1.800 millones de euros previstos de inversión en el PERTE del sector, crear mecanismos eficientes para trasladar el aumento de los costes de producción que afectan a la rentabilidad y competitividad del sector y financiar tanto la falta de rentabilidad y pérdidas generadas en los pasados meses, como el incremento de necesidades de circulante por incremento de precio de las compras.

En caso de que las anteriores medidas no sean suficientes, sería conveniente anticipar las necesidades de financiación ante el endurecimiento de costes, criterios y menor liquidez del mercado y prepararse proactivamente, acogiéndose si es necesario, a las nuevas herramientas legales que facilitan la reestructuración de balance.”

Queda claro, pues, que debemos estar atentos a todas estas novedades legales para no incurrir en responsabilidades personales y, lo que es más importante, para poder adoptar, con la necesaria antelación, las medidas adecuadas para la subsistencia del negocio.