El impacto de la crisis actual en las empresas de la cadena alimentaria: aspectos legales a tener en cuenta

Antecedentes:

Estamos asistiendo estos últimos años a hechos relevantes que están afectando a la economía global, dónde la crisis vivida por el Covid19 y la actual guerra provocada por Rusia con la invasión de Ucrania, son los máximos exponentes de recientes situaciones de incertidumbre, cuyas consecuencias aún no son fáciles de predecir.

La subida de precios de las materias primas unida a la creciente inflación en nuestro país, con precios muy superiores en lo que se refiere a los costes de la electricidad, combustibles y materias primas, hacen que muchas empresas tengan graves problemas para garantizar su viabilidad a futuro.

La caída previsible del PIB en nuestro país si esta situación continúa unida a la pérdida de poder adquisitivo en las familias en este 2022 va a ser evidente, pese a que venimos de una situación en dónde la tasa de ahorro había aumentado como consecuencia de un menor consumo fuera del hogar y un menor gasto provocado por el confinamiento en la etapa más dura del Covid.

Previsiones:

El entorno actual nos hace prever que el consumo se va a detraer considerablemente en el corto y medio plazo, pese a los picos provocados por un consumo de acopio por temor a la falta de existencias (que actualmente es originado por la huelga de transportes o la guerra de Ucrania). Esta situación podrá repetirse en un futuro por falta de materias primas o incremento de precios o nuevas inestabilidades globales originadas por crisis monetarias, sanitarias o geopolíticas, e incluso por un temor a una posible tercera guerra mundial.

Las reglas del consumo que en los años precedentes habían permanecido con cierta estabilidad, ahora ven alterado su normal funcionamiento y el principal problema desde la perspectiva del consumidor más allá de la problemática actual es que la incertidumbre seguirá manteniéndose y los precios seguirán subiendo junto a una situación del consumo que seguirá retraída en los próximos años.

Ante esto la industria y la distribución están reaccionando de forma imprevista, sin medir las consecuencias y solucionando problemas en el corto plazo, debido en muchos casos a la lenta toma de decisiones en los gobiernos a la hora de ayudar a solventar problemas en los mercados y de legislar en favor del sistema alimentario, producción, industria y distribución.

La estrategia promovida por la Comisión Europea dentro del gran Pacto Verde europeo y de la apuesta por la sostenibilidad en momentos como el actual se ve directamente afectada por la necesidad de dar respuesta a un consumidor exigente que consume impulsado por las noticias contradictorias que afectan a su normal comportamiento de compra y adquisición de bienes y servicios. Lo que realmente está claro es que desde Europa se debe apostar por un sistema alimentario sólido y un potente sector agrícola y ganadero que permita afrontar las crisis venideras con mayores garantías.

Acciones con respaldo legal:

Desde el punto vista legal, las empresas necesitan arbitrar medidas que les ayuden a enfrentarse un contexto como el actual, con retos como el encarecimiento de materias primas, el incremento de los precios de la energía y el combustible, el desabastecimiento de los mercados, el posible colapso de la cadena alimentaria, la pérdida de productividad, la caída del consumo o la inminente parada de actividad en fábricas y puntos de venta.

Para ello será indispensable articular planes de acción que les permitan afrontar esta coyuntura con el menor impacto en su actividad, sus clientes y en sus cuentas de explotación, debiendo contar con un sólido respaldo legal y normativo.

Desde una perspectiva reactiva, nos encontraremos con situaciones de incumplimientos contractuales, causados por esta situación especial, para lo que se hará indispensable la renegociación de los contratos para buscar un reequilibrio de los mismos mientras persistan las circunstancias actuales.

Por otro lado, cobra cada vez más importancia que las empresas redefinan su estrategia legal con sus diferentes stakeholders, reenfocando sus relaciones contractuales hacia formatos que permitan reaccionar ante este tipo de situaciones y faciliten un reajuste más ágil de las relaciones entre los distintos operadores de la cadena alimentaria. Conforme a la experiencia que ya se viene acumulando, la adaptación de contratos mediante la inclusión de nuevas cláusulas que regulen este tipo de escenarios y anticipen sus soluciones, dotarán a las empresas de mayor seguridad jurídica y económica a la hora de enfrentarse con garantías a realidades como las que se proyectan en el horizonte venidero.

Todo lo anterior sin perder de vista que, en este entorno, ganan fuerza los procesos de M&A y la apuesta por los fondos internacionales por entrar en las empresas agroalimentarias y de distribución de nuestro país, permitiéndoles dar una mejor respuesta a las incertidumbres de los mercados. Si el año 2021 fue un gran año para la inversión, anticipamos que el 2022 será igualmente propicio para este tipo de operaciones.

Luis Osuna, Counsel Agrifood Ontier.

Francisco Fenoy, Socio de Ontier y Responsable Legal Sector Agrifood.