Residuos se escribe con "R" de retos

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el RD de envases y residuos de envases pretenden impulsar un cambio de paradigma para que España no siga en la cola de Europa en gestión de residuos y economía circular. A nuestras empresas les conviene abandonar el camino de la queja, transformar la preocupación en oportunidad y ponerse a trabajar para ser parte de la solución.

El proceso de transposición del Paquete de Directivas de Economía Circular (Directiva Marco de Residuos 2018/851 y Directiva de Envases y Residuos de Envases 2018/852) y de la Directiva de Plásticos de un solo uso 2019/904 está siendo largo y profundamente debatido, pero tras el paso por las diferentes instancias legales, el panorama se ha aclarado.

PROYECTO DE REAL DECRETO DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

Evidentemente, los envases constituyen un importante flujo de residuos en nuestro planeta, por lo que fueron objeto de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.

Como era de esperar, esta Directiva, que fue pionera en su ámbito, se transpuso en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Por el contrario, en esta ocasión, el Gobierno ha optado por un Real Decreto para transponer la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

Tratándose de una Directiva de tanto calado para las empresas, las administraciones y los consumidores, es sorprendente que se prive a la soberanía popular, representada en las Cortes Generales, de la tan necesaria oportunidad de mejorar el texto del Ejecutivo.

El Proyecto de Real Decreto se sometió a consulta pública desde el 18 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2021, y recibió más de 3.000 alegaciones de más de 200 entidades de la sociedad civil. Actualmente, el MITERD sigue revisando las alegaciones.

Es probable que, tan pronto como se apruebe la Ley de Residuos por el Congreso, en cumplimiento de la Directiva 2015/1535, el Ministerio envíe el Proyecto de Real Decreto al TRIS (Technical Regulation Information System), donde se prevé un periodo de paralización de entre tres y seis meses.

Por tanto, el Real Decreto podría ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros en el segundo semestre de 2022.

¿CÓMO AFECTA LA LEY DE RESIDUOS AL SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS?

Las restricciones y prohibiciones de determinados productos de plástico, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y la ampliación del régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) son las medidas que mayor impacto pueden tener.

La industria ha sentido un cierto alivio tras la enmienda aprobada en el Congreso que retrasa la aplicación del impuesto al plástico para enero de 2023, otorgando así una moratoria de un año.

Una de las medidas que puede tener más impacto económico en la industria es el nuevo régimen de RAP total, porque se prevé que la nueva RAP traslade un abultado monto de las externalidades negativas a los productores. Hay informes, como el publicado por Rethinking (“Los costes ocultos de la mala gestión de los residuos envases”), que estiman que las arcas de las entidades locales costean 1.699 millones de euros anuales de forma indebida.

VALORACIÓN DEL SECTOR DEL REAL DECRETO

El MITERD compartió el borrador del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases con algunos agentes económicos antes de someterlo a consulta pública.

Varias patronales y asociaciones sectoriales trasladaron al Ministerio su profundo descontento por su contenido, por recoger éste objetivos y medidas desproporcionados, destacando:

1. que va más allá de los objetivos y medidas marcados por las Directivas Europeas;
2. que no espera al resultado de las cuestiones que se están debatiendo en el ámbito europeo, como puedenser la reciclabilidad, la prevención, la reutilización o el contenido mínimo reciclado;
3. el elevado impacto que tendría sobre las empresas;

Insistieron también en la grandísima preocupación de los sectores sobre:

• los objetivos de prevención, en especial los objetivos de reducción de botellas de plástico de bebidas;
• los objetivos y medidas de reutilización;
• el contenido mínimo reciclado;
• la ampliación de costes derivados de la nueva Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP);
• el sistema de depósito, devolución y retorno para envases de un solo uso, que propusieron que se implante cuando no se cumplan los objetivos de reciclado;
• la ampliación de la RAP a los envases comerciales e industriales;
• la ecomodulación;
• la dificultad de cumplir con los requisitos de información;
• la aplicación práctica de las medidas de reutilización;

Tomando en consideración que el MITERD dedicó dos años a redactar el Proyecto de Real Decreto, los sectores manifestaron la dificultad para presentar alegaciones en el corto plazo de un mes, teniendo en cuenta el rigor que se requiere desde el punto de vista técnico, medioambiental, operacional y económico para abordar tan complejo Proyecto.

Las asociaciones empresariales reclamaron también un dialogo técnico más profundo, previo a que fuera sometido a consulta pública. Pues bien, a pesar de ser éste un planteamiento tan razonable, el MITERD lo

ignoró y sometió el Real Decreto a consulta pública.

No obstante, el Ministerio ha mantenido muchas reuniones sectoriales y es posible que tome en consideración algunas de las alegaciones recibidas, pero por el momento no ha hecho público un nuevo borrador de Real Decreto.

Entretanto, la presión al MITERD continúa por otros flancos, como demuestran algunos titulares de prensa publicados en el mes de marzo: “2.400 empresas de alimentación cerrarán por el Decreto de Envases”, “La normativa de envases supondrá la destrucción de 26.000 empleos”, “El Real Decreto de envases amenaza a 26.500 empleos del sector de la alimentación y bebidas en España”, “Las nuevas normativas sobre residuos costarán 7.000 millones de euros al sector alimentario”, “El gran consumo continúa preocupado por las regulaciones de residuos: peligran puestos de trabajo y muchas pymes”, “FIAB alerta de que la nueva Ley de Residuos puede impactarle en 2.000 millones de euros”, entre otros.

PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE DE LA LACRA DEL USAR Y TIRAR

Por otro lado, en marzo han ocurrido otros sucesos -positivos- que no se pueden obviar. Así, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ante la escalada de generación de residuos, que suma 300 millones de toneladas al año, y un reciclaje a nivel global que se queda en el 9% de lo que produce, ha lanzado un “proyecto de acuerdo vinculante para finales de 2024 que limite la contaminación que está causando el plástico, con una estrategia que aborde el ciclo completo de vida de este material, desde su producción a su eliminación, pasando por su uso” (fuente: www.news.un.org).

Por su parte, España participó, junto a cerca de 200 países, organizaciones no gubernamentales y numerosas compañías, en la cumbre de Nairobi, a instancias del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP), que constituyó el impulso inicial de lo que se considera “una de las acciones ambientales más ambiciosas” desde el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1989, que eliminó dichas sustancias, o desde el Acuerdo de París de 2015, sobre el cambio climático.

LA SITUACIÓN NO ES MEJOR EN ESPAÑA

Como vemos, el problema es tan grave que no respeta fronteras. En España se arrojan 126 toneladas de plástico al mar cada día, de las cuales, la mayoría son objetos de usar y tirar.

Por otra parte, nuestro país ha incumplido uno de los Objetivos de Preparación para la Reutilización y el Reciclado de Residuos Domésticos y Comerciales para el año 2020 impuesto por el artículo 11.2 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas:

a) Antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50% global de su peso la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materiales tales como, al menos, el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los residuos domésticos y posiblemente de otros orígenes en la medida en que estos flujos de residuos sean similares a los residuos domésticos.

Así, en contraposición a la norma, el dato de reciclaje en 2019 estimado por Eurostat fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando así una tendencia a la baja desde 2017. Según el Informe Preliminar del MITERD, el dato de 2020 será aún inferior al de 2019.

De otra parte, a este paupérrimo dato del reciclaje se añade otro drama ambiental y económico: de los dos tercios de residuos que no reciclamos, la mitad se deposita en un vertedero sin tratar.

En este contexto, la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto de envases y residuos de envases pretenden impulsar el necesario cambio de paradigma, para que España no siga en la cola de Europa en materia de gestión de residuos y economía circular.

No hay duda de que nuestras empresas tienen la capacidad necesaria para abordar los retos del nuevo marco normativo. Tampoco es cuestionable su preocupación al respecto. Sin embargo, deben empezar a trabajar, con actitud proactiva, para transformar esa preocupación en oportunidad.

Viene al caso que recuerde el proverbio árabe que dice: “Quien quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer nada encuentra una excusa”. Por ello, animo fervientemente a los empresarios de nuestro país a que trabajen para ser parte de la solución.

Concluyo preguntando a los directivos que estén leyendo este artículo: ¿qué cosechas, medios o excusas?

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