Francia presiona a la gran industria para reducir la inflación
Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, ha exigido a los grandes grupos industriales que repercutan antes del verano el descenso de precios que ya se ha constatado en algunas materias primas a los productos que venden a la distribución.
«Queremos que esas rebajas de los precios mayoristas se repercutan lo más rápidamente posible, antes del verano», subrayó este martes Le Maire en una entrevista a la emisora de radio Europe 1.
El ministro se ha puesto en contacto con los directivos de las grandes compañías industriales francesas para reclamar reducciones de precios. El Ejecutivo es partidario de que las negociaciones comerciales con la distribución, que en momentos de menor presión inflacionaria se llevaban a cabo sólo una vez al año, se reabran cuanto antes para adaptar los precios a la nueva situación.
Efectivamente, la cotización del trigo se ha reducido a la mitad en los últimos meses, y también han bajado el precio de la energía y los fletes marítimos.
Ante los micrófonos de Europe 1, Le Maire empleó un tono enérgico y combativo contra los grandes grupos industriales. Sostuvo que, cuando los costos de la industria se encarecen, ésta los transmite de forma inmediata a sus precios finales, pero no cuando disminuyen.
Aprovechó la ocasión para amenazar con utilizar «todos los dispositivos» a su alcance para conseguirlo, además de subrayar que su Gobierno lleva dos años «protegiendo a los consumidores» con el llamado escudo de tarifas para el gas, la electricidad y otros dispositivos. «Ésa es la razón de que la inflación que padecen todos los franceses sea una de las más bajas de Europa», sentenció.
Efectivamente, la inflación interanual en Francia se redujo al 5,6 % en marzo, 1,3 puntos menos que en febrero.
Desde comienzos de marzo, la gran mayoría de los grupos de distribución en Francia aplica el llamado trimestre antiinflación, por el que venden los productos que ellos han escogido de forma voluntaria «al precio más bajo posible» a costa de sus márgenes y no de sus proveedores, bajo supervisión y previa subvención del Gobierno. Una medida que costará al contribuyente francés varios cientos de millones de euros en los tres meses que tendrá vigencia, según apunta el pronóstico provisional.
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