Australia propone multar a los súper que incumplan códigos de buena conducta: las sanciones podrían llegar a los 1.000 millones de dólares

El mercado australiano, en el que Woolworths y Coles aglutinan dos tercios de las ventas, es uno de los más concentrados del mundo. Fabricantes y agricultores exigen medidas para favorecer la competencia.

Entrada a un supermercado Woolworths / Archivo

El Gobierno australiano quiere sacar adelante una ley que permitiría multar con hasta mil millones de dólares a las grandes cadenas de supermercados que incumplan un código de conducta en sus tratos con proveedores.

Esta legislación responde a las reivindicaciones de políticos, fabricantes, agricultores y ganaderos, que consideran que las grandes cadenas de distribución abusan de poder para estrechar la competencia, abusar de sus proveedores y cargar sobreprecios a sus clientes.

Las grandes cadenas, entre las que destacan Coles, Aldi, Metcash y el líder del mercado en Australia, Woolworths, se verían obligadas con la nueva normativa a cumplir con un código de conducta en sus tratos con proveedores, hasta ahora voluntario.

La nueva legislación impondría multas de hasta el 10% sobre la facturación anual de las compañías que incumplan los códigos.

Woolworths cerró el ejercicio 2023 con una facturación de 48 mil millones de dólares australianos, mientras que Coles declaró 37 mil millones y Metcash 10 millones.

"Queremos poner fin a la mala conducta de los supermercados porque ayudará a los consumidores, a los agricultores y a los proveedores en la mesa de negociaciones", ha explicado Andrew Leigh, ministro adjunto del Tesoro.

La inflación, como en otros países, ha erosionado la popularidad del gobierno del Partido Laborista de Australia, apenas meses antes de las eleciones que tendrán lugar a inicios del año próximo.

Prosigue el debate sobre la concentración empresarial

El sector de la distribución alimentaria en Australia, en el que Woolworths y Coles aglutinan dos tercios de las ventas, es uno de los más concentrados del mundo.

Diversos sectores de la sociedad sostienen que el Estado debería fragmentar estos grandes grupos de distribución para garantizar un correcto funcionamiento del mercado, pero el Gobierno no parece por la labor de llevar a cabo acciones de este tipo.

Coles, Metcash y Aldi han expresado su apoyo a las normas de conducta obligatorias, lo mismo que la Asociación Australiana de Retailers (ARA).

"Tener relaciones positivas con proveedores es una de las principales prioridades de nuestros miembros, y se traduce en valor a cambio del dinero de los consumidores", ha explicado Fleur Brown, presidenta de Asuntos Industriales de ARA, en declaraciones a Reuters.

Sin embargo, la asociación ha mostrado sus reticencias acerca de un código que va más allá de las recomendaciones iniciales del gobierno, "particularmente en áreas relacionadas con las penalizaciones individuales", ha añadido Brown.

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