El Congreso da luz verde a la ley para la gestión de la PAC

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de ley que regula la gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC), al admitir todas las enmiendas introducidas en el Senado.

La ratificación de esta iniciativa legislativa permitirá a más de 630.000 agricultores y ganaderos españoles cobrar las ayudas de la nueva PAC, que entrará en vigor el próximo enero.

Los productores se beneficiarán así de 7.150 millones de euros anuales hasta 2027, de los que 4.800 millones se corresponden con los pagos directos, ha resaltado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su intervención en el debate del pleno del Congreso.

Planas ha asegurado que, en un contexto como el actual, es "importante conseguir un seguro de renta" como son las ayudas de la PAC, que representan el 20% de los ingresos agrarios.

El proyecto de ley se complementa con un total de 18 decretos que desarrollan el contenido de la política agraria, de los que faltan diez que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en las próximas semanas.

SANCIONES Y DIGITALIZACIÓN

El texto aprobado actualiza el régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias, contratación y organizaciones de productores, así como de comercialización de aceite de oliva, sector lácteo, cría animal y uso de productos fitosanitarios o antibióticos, entre otros asuntos.

Para avanzar en el proceso de digitalización, se incluye el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), que servirá de herramienta de gestión y de intercambio de información para los empresarios agrarios y las administraciones públicas.

Planas ha mencionado otras novedades como la exención del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ecoesquemas, las nuevas ayudas vinculadas a prácticas ambientales sostenibles, y la posibilidad de contratar la doble tarifa eléctrica para los regantes. Queda prohibida la quema de rastrojos en la actividad agraria, si bien se excluye a las pequeñas explotaciones y se permite a las comunidades autónomas autorizar excepciones ante el riesgo de plagas o incendios.