Equalia denuncia errores en el Decreto que obligará a instalar cámaras en los mataderos
El Ministerio de Consumo ha sacado a consulta pública un borrador del real decreto para la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia, que pretende aprobar a finales del 2021.
La ONG Equalia ha detectado varios "errores legislativos graves" en el borrador del real decreto para la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia en los mataderos que el Ministerio de Consumo mantuvo en consulta hasta el pasado 15 de abril, señala en un comunicado.
Entre ellos, destaca la supresión del elemento de la obligatoriedad en la revisión de las imágenes por parte del Servicio de Veterinarios, así como cualquier concreción sobre la periodicidad de la revisión. "Sin este punto, la medida carecería de sentido, y la seguridad jurídica en cuanto al cumplimiento de las normativas sobre bienestar animal, seguridad alimentaria y salud pública se verían seriamente comprometidas", asegura esta entidad.
La citada organización ha trabajado, durante más de dos años, en una propuesta legislativa para la implementación obligatoria de cámaras de videovigilancia en mataderos. Dicha propuesta tiene por objeto facilitar las tareas de control y monitorización de los Servicios Oficiales de Veterinarios, específicamente destinadas a velar por el cumplimiento del estándar de seguridad alimentaria, salubridad y bienestar animal recogido en la normativa vigente.
El Departamento Jurídico de la ONG, tras estudiar dicho borrador, ha detectado "algunos puntos preocupantes que pondrían en peligro la seguridad jurídica que se pretende con esta medida, además de suponer un retroceso en los avances en seguridad alimentaria y salud pública", explica.
APOYO MAYORITARIO
La ONG presentó su iniciativa completa a empresas del sector, grupos políticos e instituciones, autonómicas y estatales, consiguiendo un apoyo mayoritario de diversos grupos de interés, como la propia industria cárnica de la mano de Anice. En dicha propuesta, señalaba la periodicidad concreta con la que debían ser revisadas las imágenes, así como la duración mínima de los extractos de vídeo a revisar.
Hasta ahora, diez comunidades autónomas han registrado una proposición no de ley para la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia en todos sus mataderos (Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Región de Murcia, Asturias, Castilla La Mancha, Navarra y Canarias). En cinco de estas comunidades, quedó aprobada, posteriormente, dicha proposición (Baleares, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana).
Además, Equalia ha publicado diversos reportajes de investigación, alertando de graves irregularidades en seis mataderos españoles. Estas imágenes demostraron la necesidad de más medidas de control, como la que propone la ONG en su campaña Ley de Cámaras en Mataderos y que se materializará como real decreto a finales de este año.
"Las empresas dedicadas al sector de la alimentación y distribución son muy conscientes de su responsabilidad en el buen trato que se dispensa a los animales que consumimos, así como su influencia en el medioambiente", precisa la entidad.
ESPAÑA, PRIMER PAÍS DE LA UE CON ESTA NORMATIVA
Las iniciativa planteada por Equalia, Ley de Cámaras en Mataderos, está alineada con los Objetivos de Desarrollo Dostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que también persigue el progreso social y rural, y la lucha contra el cambio climático, así como con los marcos de sostenibilidad en los que trabaja la UE, el Pacto Verde Europeo y su eje central, De la Granja a la Mesa.
"Calculamos que, gracias a nuestra propuesta y al trabajo desempeñado tanto a nivel institucional como empresarial, en estos momentos el 70% del censo de animales sacrificados en España ya lo hacen en instalaciones con cámaras de vigilancia, siguiendo el protocolo y las especificaciones marcadas por Equalia", asegura María Villaluenga, portavoz de la ONG.
Con respecto a las cámaras en mataderos, la aprobación de este real decreto situará a España como primer país de la UE que aprueba una normativa de este tipo, ya que, hasta el día de hoy, la instalación es solo obligatoria en Reino Unido.
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