Bruselas recula con la ley antideforestación y aplaza su aplicación por las protestas mundiales

A tres meses de su entrada en vigor, el Ejecutivo comunitario decide retrasarla un año por las presiones tanto de la industria como de terceros países, que piden tiempo, recursos y mayor claridad.

La Comisión Europea ha respondido con la prórroga de un año a meses de presión.

Aunque aún pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembro en el Consejo de la UE, el aplazamiento de un año de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre deforestación -prevista para el inicio de 2025- es un hecho, tras la propuesta realizada en esta dirección por la Comisión Europea, que ha accedido a reformular la norma para responder así a las quejas de los socios mundiales y de la industria debido a la falta de preparación para cumplir a tiempo la legislación, y evitar con ello una posible crisis de desabastecimiento de algunos productos.

Como recordarán los lectores de FRS, este reglamento aprobado en junio del año pasado exige a las empresas que vendan en la UE o exporten de otros países a la UE productos derivados de la agricultura y áreas forestales -café, cacao, soja, ternera, madera...- que demuestren que sus cadenas de suministro no contribuyen al desmonte de bosque primario en ningún lugar del mundo, garantizando de forma específica que no provengan de tierras con bosque primario desmontadas después de 2020, es decir, de áreas deforestadas.

La falta de claridad de la norma en algunos aspectos -como los mecanismos exactos para su implantación o los proyectos y programas que permitan a los productores la financiación del proceso de certificación exigido-, así como las repercusiones que su implementación pudiera tener sobre el suministro de estas materias primas y sus precios, o la falta de orientaciones adecuadas por parte de la Comisión para ayudar a las empresas durante la fase de transición han levantado todo tipo de ampollas y críticas desde su nacimiento, y no solo en el entorno comunitario: países como Brasil, Colombia, EEUU, Canadá o Australia, entre ellos, han manifestado sus dudas y reservas sobre la conveniencia de su aplicación en los términos actuales.

REFORMULACIÓN DEL PROYECTO

De esta forma, el pretendido objetivo de Bruselas de combatir la deforestación se había convertido, en vez de en un aliciente, en un sombrío reto sobre el que planeaban muchas dudas y preguntas aún sin respuesta, tanto para los productores como para sus proveedores. De ahí que el Ejecutivo comunitario haya decidido recular para reformular el proyecto, informando en un comunicado este miércoles, 2 de octubre, que "sugiere un período de adaptación adicional de 12 meses, en respuesta a las solicitudes de socios globales".

"Los socios mundiales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación, más recientemente en la Asamblea General de la ONU en Nueva York", declaró la Comisión, añadiendo que el nivel de preparación entre los operadores empresariales del bloque "también era desigual".

No es que con ello el Ejecutivo comunitario haya desistido de su empeño en poner freno a la destrucción de hábitats forestales -según un informe elaborado por la FAO, el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990 y el ritmo de pérdida neta se sitúa en casi 5 millones de hectáreas/año-. De hecho, en su escrito reafirma su apoyo para la implementación del Reglamento de la UE sobre la Deforestación y aclara que con esta propuesta de prórroga lo que busca es dotar de certidumbre la aplicación de la normativa, "sin cuestionar en modo alguno los objetivos de la ley": "Dado que todos los instrumentos de aplicación están técnicamente listos, los doce meses adicionales pueden servir como período de introducción progresiva para garantizar una aplicación adecuada y eficaz", señala.

ORIENTACIONES PARA UNA "CLARIDAD ADICIONAL"

En esta línea, la Comisión también ha publicado este miércoles unas orientaciones que aportarán, durante los 12 meses de ‘tiempo ganado’, "claridad adicional" a las empresas y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa para facilitar su aplicación.

Entre ellas cabe destacar un punto de contacto único para el apoyo informático a los operadores empresariales, apoyo para probar los archivos de geolocalización e instrucciones multilingües detalladas para el usuario sobre el sistema. Además, el Ejecutivo de la UE propondrá legislación adicional antes del 30 de junio de 2025 tras "intensos diálogos" con la mayoría de los países interesados.

Tras conocerse la propuesta de aplazamiento, la respuesta de los precios del cacao y el café -dos de los productos más afectados por la entrada en vigor de la nueva norma- no se ha hecho esperar: el mercado reaccionaba a la noticia con caídas del entorno del 5%, pese a que ambas materias primas siguen cotizando en cifras cercanas a sus máximos históricos.  

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