Inmovilizan 2.000 kilos de carne caducada en Mallorca

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria balear de Salud, han llevado a cabo una operación en la empresa Cárnicas Luis, conocida firma con sede en un polígono de Santa Ponsa (Mallorca), que se ha saldado con la inmovilización de más de 2.000 kilos de género que estaba caducado, congelado sin etiqueta o con fechas y registros falsificados.

Cuatro personas han sido detenidas, todos ellas miembros de una misma familia, como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad documental y estafa.

Según la Policía Nacional, en los testimonios recogidos de los empleados se dejaba entrever que existían "serias deficiencias higiénicas en la empresa", que ya había sido sometida por la Conselleria de Salud del Govern Balear a cinco inspecciones desde el mes de diciembre pasado, acordándose la planificación de una operación conjunta para esclarecer todos los hechos.

Los inspectores de Sanidad detectaron numerosas irregularidades: elaboración y distribución de productos careciendo de autorización, como carne despiezada y hamburguesas; gran cantidad de productos caducados y carne fresca y congelada sin ningún tipo de etiqueta; y productos con etiquetas de proveedor eliminadas y falsificando una etiqueta propia con fechas y registros falsificados.

Fruto de dichas inspecciones se establecieron varias medidas cautelares, como la inmovilización de más de 2.000 kilos de género que tenían que destruir, e intervención de medios como la máquina de vacío y etiquetadora, prohibición de actividades, propuesta de suspensión e inicio de expediente sancionador. En la mañana del pasado martes se inició la operación Pork localizándose nuevamente género caducado, en algún caso desde 2016.

IRREGULARIDADES LABORALES

La investigación comenzó el pasado mes de enero, al tener conocimiento de las posibles irregularidades laborales que podría estar cometiendo la citada empresa cárnica. Trabajadores actuales y antiguos de la empresa evidenciaron el "abuso laboral" al que eran sometidos. Al parecer, debían realizar jornadas laborales de incluso 84 horas semanales, cobrando cantidades de 1.000 a 1.200 euros mensuales, sin derecho a pagas extra e incluso sin derecho a vacaciones o siendo éstas limitadas.

Otras de las irregularidades detectadas fueron los despidos improcedentes por coger bajas laborales por accidentes en la propia empresa o por haberse detectado una enfermedad, así como obligar al trabajador a "emplear vehículos que no estaban en condiciones de circular para transportar el género".

Las víctimas, llevadas por sus diferentes situaciones económicas y personales y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligadas a aceptar las condiciones laborales impuestas por la empresaria y el encargado.

Se investiga también si la empresa habría estafado a distintos clientes y empresas de restauración al vender los productos cárnicos de alta calidad cuando en realidad se trataba de productos de calidad inferior.