Caso Tarantelo: 79 detenidos por venta ilegal de atún rojo

La Guardia Civil, en el marco de la operación Tarantelo coordinada por Europol, ha desmantelado una red que comercializaba en España atunes que habían sido pescados de forma ilegal en otros países y que, además, en ocasiones contaban con irregularidades sanitarias.

Se ha detenido a 79 personas y se han realizado 49 registros e inspecciones en las que se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, cerca de medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y otros objetos de gran valor, 7 vehículos de alta gama, tasados en más de 600.000 euros, además de gran cantidad de documentación que demostraría el 'blanqueo' en la comercialización de atunes pescados ilegalmente y sus ganancias ilícitas.

La operación se inició tras obtener varias informaciones sobre posibles irregularidades en la pesca del atún rojo en el Mediterráneo. A medida que se iba avanzando en la investigación se comprobó que las primeras empresas investigadas se aprovechaban de la parte legal de su actividad empresarial para introducir una gran cantidad de animales pescados ilegalmente. Así, con facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de atunes, procedentes en muchos casos de granjas debidamente autorizadas, amparaban otros especímenes pescados ilegalmente.

Aunque la actividad comercializadora de las empresas investigadas se centraba en España, la mayor parte de los ejemplares procedían de otros países, salvo un porcentaje muy bajo de capturas españolas no declaradas. En concreto, una de las vías tenía origen en Malta, desde donde se enviaban algunas piezas de origen legal por vía aérea y de forma paralela, introducían por carretera desde este país el mayor volumen de animales utilizando la documentación legal del primer envío para amparar este comercio ilícito. Otra vía de entrada se iniciaba en Italia utilizando procedimientos similares salvo que, en este caso, al proceder toda la producción de capturas ilegales, llegaba a España por carretera sin ningún tipo de documentación y control de trazabilidad.

Una vez en España, se unificaban las líneas de distribución hacia empresas menores del sector, diferenciando las piezas legales de las ilegales en función del documento que las amparase, lo que conllevaba precios diferenciados.

Los cálculos realizados por los investigadores cifran, como mínimo, en un volumen anual de más de 1.250.000 kilos de atún procedente de Malta (legal), mientras que el que se comercializaba en negro superaría el doble de esa cantidad: más de 2.500.000 kilos. Teniendo en cuenta que por cada kilo obtenían un beneficio mínimo de 5 euros, los datos señalan que habrían obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 de euros al año.

Seguridad alimentaria

En el transcurso de la investigación se pudo comprobar que el pescado había sufrido diferentes irregularidades higiénico-sanitarias durante su conservación una vez que habían sido pescados. En ocasiones se sacrificaban los animales en el mar y se mantenían bajo el agua hasta que podían traerlos a tierra sin riesgos. Esto generaba que el proceso normal de pérdida de cualidades se acelerase al permanecer en agua. Además, los ejemplares se transportaban sin respetar las normas de conservación rompiéndose la cadena de frío en algunos puntos.

Se pudo comprobar que podrían haberse producido varios casos de intoxicación por consumo de piezas comercializadas por la red causada por la degradación de las proteínas al mantener los atunes en malas condiciones de conservación. Esto puede provocar fiebre y alteraciones gastro-intestinales, como síntomas más leves, que puede tener graves consecuencias en consumidores de edad avanzada y en niños.

Agradecimiento

En un comunicado, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha condenado de manera rotunda la actividad de importación y comercialización ilegal de atún rojo en nuestro país, tras conocer la operación de la Guardia Civil. Cepesca también ha querido expresar su agradecimiento a este cuerpo, así como a la Europol y a la Administración Española por esta iniciativa que pone de manifiesto el compromiso en la lucha contra la ilegalidad en el sector pesquero.

Cepesca ha ofrecido toda su colaboración, tanto a las autoridades españolas como europeas, para esclarecer y dirimir las distintas responsabilidades que correspondan, y desterrar del sector pesquero este tipo de conductas. Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, "las prácticas ilegales son inadmisibles en nuestro sector, menoscaban la credibilidad de nuestros pescadores, tanto nacional como internacionalmente, y menosprecian el esfuerzo y el trabajo de la gran mayoría de las empresas pesqueras a favor de la sostenibilidad, la responsabilidad y la seguridad alimentaria".