La industria alimentaria pide medidas "equilibradas" en la nueva ley de Residuos

Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), ha hecho un llamamiento al Gobierno para que "en el grave momento económico por el que atraviesa la economía, con una inflación muy elevada y costes energéticos disparados, no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que reste competitividad a las empresas y pueda afectar gravemente al empleo".

Así lo ha expuesto durante una jornada para analizar el impacto para el sector de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, así como del Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de envases.

"Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. Creemos que la regulación española en materia de sostenibilidad no debería ir más allá de las directivas europeas y es imprescindible que las nuevas medidas que entren en vigor sean equilibradas y fruto del consenso", ha asegurado el director general de Fiab en este encuentro, al que han asistido cerca de 150 directivos de asociaciones y empresas de la industria de alimentación y bebidas y de la cadena alimentaria.

García de Quevedo ha reiterado la necesidad de "atrasar la entrada en vigor del Impuesto al Plástico, que tendrá un impacto estimado de 690 millones de euros en las empresas, a lo que habría que sumar el impacto de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer una carga de unos 1.150 millones de euros. Además, ha añadido que el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tendrá un impacto de otros casi 5.000 millones de euros. "En ninguna circunstancia, y menos en las actuales, es asumible", ha subrayado.

El director general de la Federación ha resaltado además la complejidad de algunas medidas, como pueden ser las nuevas obligaciones de etiquetado: tanto la prohibición del uso del logo del Punto Verde – que en el resto de Europa su uso es voluntario –, como la imposición de indicar a través del marcado en qué contenedor se deben depositar los residuos de envase –cuando la Comisión Europea está valorando armonizar el etiquetado en este sentido-.