¿Es lícito que un dirigente político nacional incite al boicot a una marca?

No es nada frecuente que un dirigente político de un partido nacional pida el boicot a una marca. Lo ha hecho recientemente Pablo Iglesias, líder de Podemos, contra Coca-Cola, a raíz del conflicto que la multinacional de refrescos mantiene con sus trabajadores de Fuenlabrada. La plantilla aplaude ese apoyo y Coca-Cola mantiene la tensión ante un problema que se le ha prolongado más de lo que habría deseado. Parece lógico pensar que si ese boicot tuviera éxito, acarrearía graves consecuencias a la compañía, con el consiguiente perjuicio para los propios empleados. ¿Es lícito que un dirigente político incite tanto al consumo de una determinada marca como a su boicot?

"No hay que beber Coca-Cola hasta que Coca-Cola respete el derecho de sus trabajadores". Son las palabras que Pablo Iglesias pronunció el pasado miércoles 18 de enero ante la sede en Madrid del Tribunal Supremo, que había confirmado la resolución de la Audiencia Nacional que daba el visto bueno a la readmisión efectuada de los trabajadores de Coca-Cola en el centro de Fuenlabrada. Los empleados recurrirán al Tribunal Constitucional y están dispuestos a luchar, si llega el caso, en el Tribunal de Justica de la Unión Europea.

El boicot que pide Iglesias no gustó a Marcos de Quinto, director de marketing global de Coca-Cola y vicepresidente mundial de la multinacional, quien, haciéndose eco de un tuit de GranConsumoTv, inició en Twitter un rifirrafe con el líder de la formación morada que ha provocado cientos de reacciones de partidarios y detractores tanto de Podemos como de la marca de bebidas. Muchos se han mostrado favorables del boicot y otros tantos lo han criticado.

En declaraciones a GranConsumoTv, el presidente del Comité de Empresa de Coca Cola Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, respeta y aplaude el llamamiento de Pablo Iglesias: "Estamos orgullosos de que Podemos e IU nos apoyen de esta manera y entiendo perfectamente lo que ha hecho Pablo". Asenjo apela a la libertad de los consumidores a consumir o no una marca y ve bien que Iglesias, en defensa de los trabajadores de Coca-Cola, haya recurrido a esta "herramienta de protesta, una más, para proteger los derechos fundamentales de los empleados".

La cuestión es analizar si es correcto o no que un líder de tanta influencia proponga un boicot de este tipo, pues puede tener más de una consecuencia importante. ¿Es responsable una petición así a nivel político y económico? ¿Es la mejor manera para defender una causa laboral? ¿Es un desprecio a una decisión judicial? ¿Es un chantaje para conseguir lo que no se ha conseguido a través de los cauces de la justicia? ¿No afectaría una caída de las ventas de Coca-Cola a los propios trabajadores? Un boicot de este estilo plantea estas y otras preguntas.

OTROS CASOS

Al principio comentábamos que es difícil ver una petición política a los ciudadanos de un boicot contra una marca. Sí se han dado muchos casos a nivel local, por ejemplo con la deslocalización de una empresa en alguna ciudad. El año pasado, sin ir más lejos, vimos cómo el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, amenazó con boicotear los productos de la multinacional francesa Lactalis por cerrar su planta vallisoletana y es muy conocido el que en 1994 se realizó contra Gillette después de cerrar su fábrica en Sevilla. En todo caso, incluso los sindicatos se han mostrado en muchas ocasiones contrarios a los boicots contra las marcas, dudando de su efectividad.

El 'boicot Coca-Cola' que ha abierto ahora Pablo Iglesias no es, incluso, del todo nuevo, aunque sí destaca por quién lo ha pedido y la amplitud de su reclamación. Ya en 2015 Cayo Lara, entonces coordinador federal de Izquierda Unida, llegó a mandar una carta a quien era presidente del Congreso, Jesús Posada, pidiendo que desde la cámara no se mantuvieran relaciones comerciales "con empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de justicia", citando a Coca-Cola como ejemplo. Un año antes, en 2014, Rafael Simancas, que era en aquel momento secretario de Formación del PSOE y portavoz socialista de Fomento en el Congreso, pidió "a título personal" a todos los diputados socialistas que no bebieran Coca-Cola. El PSOE se desmarcó de esta propuesta.

En el extranjero también es difícil ver boicots parecidos de un líder de ámbito nacional. En la pequeña discusión en Twitter entre Pablo Iglesias y Marcos de Quinto, algunos tuiteros han recordado una intervención de 2009 del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuyas políticas son muy asociadas a las de Podemos, quien animaba a los venezolanos a beber un zumo local llamado Juvita "en vez de tomar coca no sé qué cosa, cola no sé qué cosa...".