España, sexto país de Europa donde más ha aumentado la brecha de precios

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar el último informe sobre consumo navideño de la consultora Deloitte, destaca que los españoles gastarán de media 173 euros en alimentación estas navidades (el 3,6% superior al año pasado), lo que nos sitúa por encima de los países más representativos del continente en este sentido. Sin embargo, alertan de que, al mismo tiempo, se incrementa cada vez más la brecha de precios entre consumidores y productores.

En concreto, la organización constata que en España los precios percibidos por los productores han subido de media sólo el 0,4% respecto a los valores de 2015, mientras que los precios pagados por los consumidores en el mismo periodo han aumentado el 5,1%.

Este hecho, asegura, sitúa a nuestro país como sexto a nivel europeo donde más ha crecido la brecha de precios desde 2015, siendo, además, uno de los países con mayor estancamiento de los precios para los productores desde ese año, solo superado por Grecia y Croacia.

AUMENTO DE LOS MÁRGENES

Asimismo, argumenta que, teniendo en cuenta que el gasto de los españoles en alimentación se sitúa en torno a los 103.000 millones de euros anuales, la brecha de precios indica que la industria y la distribución aumentaron sus márgenes adicionalmente cerca de 4.800 millones de euros a costa de los productores y los consumidores durante los últimos cuatro años. La organización subraya que este hecho "pone en evidencia el limitado efecto redistributivo de instrumentos como la Ley de la Cadena Alimentaria".

Además, precisa que el gasto de los hogares españoles en alimentación ha crecido el 3,2% durante los últimos cinco años, mientras que el consumo en términos físicos ha descendido el 5,2%, lo que marca una "pérdida del poder de compra del consumidor": gasta más para consumir menos.

REFORMULAR LA LEY

Uniones de Uniones ya ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de modificar y actualizar la Ley de la Cadena Alimentaria para reequilibrar la situación entre los distintos eslabones.

En este sentido, insiste en la necesidad de establecer un régimen sancionador disuasorio, incrementar la inspección y los controles de prácticas fraudulentas (dotando con un mayor de nivel de recursos la AICA y a las administraciones regionales, así como favoreciendo la coordinación entre los agentes implicados) y hacer públicos los expedientes sancionadores con resultado firme como medida disuasoria.

Igualmente considera preciso definir la posición de dominio dentro de la cadena, incluir una relación de prácticas comerciales desleales más exhaustiva y fomentar las cadenas de valor cortas y el consumo de proximidad desde las instituciones públicas, sobre todo en periodos con picos de consumo como es la Navidad.