El Gobierno aprueba la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación y prohíbe nuevas prácticas comerciales 'desleales', que a juicio del Ejecutivo repercuten negativamente en los precios para el agricultor, con el fin de "proteger" a agricultores y ganaderos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que con esta decisión, el Gobierno "adapta la legislación española a la directiva europea" y se atienden las reivindicaciones de los agricultores durante las movilizaciones del pasado mes de febrero.

"Es un proyecto de ley que fomenta la innovación en la cadena, un reparto más justo del valor y un paso adelante", ha asegurado el titular de Agricultura. Planas ha resaltado que la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria pretende "dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y a la formación de precios, lograr un equilibrio en todos los eslabones (productores, supermercados e industria) y proteger al más débil, al agricultor y al ganadero".

De esta forma, la nueva norma completa los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, e incorpora en esta segunda fase al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Novedades

Entre las novedades, el titular de Agricultura ha destacado que cualquier transacción de los operadores de la cadena que en parte se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea. Esto significa que un exportador español de frutas y hortalizas podrá tener protección en operaciones con cualquier comprador de cualquier destino de otro país comunitario.

Amplía los productos cubiertos por la ley, de manera que a los primarios (agrícola y ganaderos) se añaden también los alimentos transformados, como el pan, el chocolate o la cerveza. La modificación legal también extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios y amplía las prácticas prohibidas, que entran en una "lista negra", por ser contrarias al "comercio leal", e incorpora nuevas infracciones sancionables.

Otra novedad es la inclusión de nuevas obligaciones en el contrato, por operaciones de un mínimo de mil euros, que ahora afectan a las relativas a un importe de 2.500 euros.

En el caso de las cooperativas, Planas ha detallado que podrán sustituir eventualmente el contrato escrito por una "prescripción" y reglas claras sobre los plazos de pago, las referencias de precio y entrega para socios cooperativistas.

El proyecto ha sido objeto de informe por parte de las Comunidades Autónomas, el sector, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.

Entrará en vigor el 1 de noviembre de 2021

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que la tramitación parlamentaria de la nueva norma se concluirá en el primer periodo de sesiones de 2021 con el objetivo de cumplir el plazo previsto por la directiva europea y que entre en vigor previsiblemente el 1 de noviembre de ese año.

"Este es un proyecto que tiende a fomentar la innovación y la competitividad de la cadena, a tener un reparto más justo del valor y de cómo se retribuye a cada elemento de la cadena. Es un paso adelante de un sector que es altamente competitivo", ha subrayado.

Asimismo, Planas ha subrayado el compromiso del Gobierno con el mundo rural y su transformación, por lo que ha avanzado que la intención para completar esta legislación es llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre del próximo año un proyecto de ley para el desperdicio alimentario, que, a su juicio, es el complemento necesario para que el sistema alimentario funcione de forma correcta.

LA AICA, DECLARADA AUTORIDAD NACIONAL DE REFERENCIA

También se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional y será punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea. "Es un elemento importante porque la semana pasada en los Prespuestos Generales del Estado incrementamos su dotación en un 32%, hasta 8,2 millones de euros", ha señalado el titular del ramo.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que estas novedades se suman a las introducidas a inicios de este año como respuesta "urgente" a la grave situación en que se encontraba el sector primario.

De esta forma, este proyecto de Ley, que ahora entra en el Congreso de los Diputados, comenzó con su tramitación el pasado 1 de abril mediante la consulta pública previa. Desde entonces se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de administraciones afectadas, además de recabar los informes necesarios para ser aprobado hoy en segunda lectura por el Consejo de Ministros.