Macrooperación de la Guardia Civil contra los 'piratas' del cerdo ibérico

El Seprona de la Guardia Civil de Badajoz, conjuntamente con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) han inmovilizado, en el marco de la operación 'Sanedrac', en la localidad pacense de Salvaleón un total de 24.843 jamones y paletas de cerdo ibérico, informa Efeagro.

Trece personas están siendo investigadas por un entramado empresarial de comercialización ilegal de estos productos cárnicos en las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

En la inspección de los veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura a una empresa de productos cárnicos de la citada localidad se hallaron jamones y paletas de cerdo con graves deficiencias de trazabilidad para poder acreditar su origen legal, y carentes de marchamos o sellos sanitarios, por lo que se procedió a la inmovilización cautelar de las citadas piezas, con un peso total de cerca de 150.000 kilos. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente, quien ordenó la investigación al Equipo de Seprona de la Guardia Civil de Badajoz.

PRODUCTOS NO IDENTIFICADOS

Desde el pasado mes de abril, los agentes han realizado numerosas gestiones así como una inspección a la empresa y han analizado gran cantidad de documentos que les permitieron constatar también la falta de identificación de los productos en la industria, bien por ausencia total o por la falta de referencia a los lotes del producto, marcado sanitario o marcado de entrada en salazón, entre otras irregularidades que impedían su trazabilidad interna.

Además, en el transcurso de la investigación, se obtuvieron pruebas e indicios suficientes de la existencia de un entramado empresarial del sector cárnico dedicado a la comercialización ilegal de productos derivados del cerdo ibérico.

La investigación consiguió relacionar en las acciones delictivas a 14 empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos ubicadas en las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, y trece de sus responsables son investigados por ser considerados autores de los delitos de estafa y falsedad documental contra la salud pública y los consumidores.