La subida de impuestos en la alimentación, un mazazo para las ventas y el empleo

La subida del impuesto del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, medida que pretende incluir el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 tal y como remitió a Bruselas la pasada semana, podría provocar una caída de las ventas de hasta 370 millones de euros y la pérdida de 6.165 empleos en España en el peor escenario, según los datos del informe realizado por PWC sobre fiscalidad a alimentos y bebidas, elaborado a instancia de Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostelería de España, Marcas de Restauración, Promarca y FIAB.

Según datos del Estudio, en España una subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas tendría impactos negativos en la economía, con caídas de facturación, Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo. También repercutiría gravemente en la cadena de valor agroalimentaria: sector agrario, industria, transporte, distribución y restauración.

Así, el incremento del tipo de IVA para determinadas categorías de productos podría suponer para la economía española una caída de la facturación de cerca de 120 millones de euros, una pérdida de Valor Añadido Bruto de 110 millones de euros y una destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo.

Los impuestos no cambian hábitos de consumo

En relación al anuncio del Gobierno de que esa subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas es una medida para favorecer hábitos más saludables, el Informe de PwC señala que “la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salud demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad”.

Así, en Francia y México, tras 6 años de aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas, no muestra hasta el momento ningún efecto en términos de reducción de sobrepeso y países como Dinamarca, Eslovenia, Australia y Colombia lo han eliminado por ineficaz y negativo para el conjunto de la economía.

Representantes del sector apuntan a la importancia de impulsar la colaboración púbico-privada e implicar a todos los agentes en todos los sectores de la economía de cara a sensibilizar a la población, promocionar e incentivar estilos de vida más activos y saludables, desarrollar acciones informativas y educativas, dotar con infraestructuras e instalaciones a la ciudadanía y promover acuerdos y compromisos en los distintos ámbitos.

“Para enfrentarnos de forma efectiva al problema de la obesidad y evitar los efectos colaterales que una política fiscal puede tener sobre la economía y sociedad española, es necesario seguir un enfoque holístico, multisectorial y coordinado entre el sector público y privado. La obesidad, el sobrepeso y otras enfermedades están originados por múltiples factores y no se pueden combatir con impuestos”, afirman fuentes de la cadena alimentaria.

Un impuesto regresivo que afectaría a las rentas más desfavorecidas

Desde el punto de vista social, el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% también impactaría negativamente en las rentas más desfavorecidas.

“Los impuestos ad valorem, que se fijan en función del precio del producto, como el IVA y los impuestos unitarios, son muy regresivos, ya que no tienen en cuenta la renta de los hogares: por cada unidad de producto comprado, pagan lo mismo las rentas más altas que las más bajas”, recuerda el Informe de PwC.

Esta política fiscal agravaría la crisis sobre el consumo y perjudicaría a las rentas más bajas que están siendo las más castigadas. Los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, suponen el 17% de la renta nacional y acabarían soportando el 22% de la recaudación del impuesto.

“No tenemos dudas de que una subida del IVA respondería a un criterio puramente recaudatorio y vulneraría los principios de no discriminación, necesidad, proporcionalidad y simplificación de cargas administrativas, y la consecuente pérdida de la unidad de mercado. Estaría comprometiendo la competitividad de un sector que en su conjunto representa el 15% del PIB y, con ello, la recuperación económica que tanto necesita este país en estos momentos”, señalan los representantes de las organizaciones sectoriales.