La hostelería reclama al Gobierno un acuerdo para equilibrar el aumento del IPC

La Alianza de Comercio y Hostelería de España, que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro país, ha propuesto a comerciantes y propietarios, junto con el Gobierno Central y el resto de las Administraciones Públicas, un acuerdo de sector para“repartir y equilibrar” las consecuencias del incremento del IPC.

Esto llega después de que el incremento de los gastos haya provocado que muchos comercios obtengan márgenes negativos y se vean abocados a un cierre definitivo con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB.

Así, la Alianza propone una medida extraordinaria de reequilibrio de las condiciones, que tendrá una aplicación inmediata para los arrendatarios y, durante el año 2023, supondrá un incremento máximo del 2% en la actualización de la renta de los concretos vigentes, así como en las condiciones para el mismo año de las de las prórrogas de contratos existentes o de nuevos contratos. De la misma forma, solicitan para los arrendadores el establecimiento de incentivos fiscales (en la dirección de deducciones fiscales) sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado y el “teórico” que se hubiera imputado con el IPC que le correspondiera.

Pero además, el grupo, cuyo objetivo principal es salvar el cierre de decenas de miles de establecimientos y atajar el posible deterioro de la economía española, ha instado de nuevo al Gobierno a elaborar una ley de arrendamientos urbanos, específica para regular el sector inmobiliario comercial, que incorpore la cláusula rebus sic stantibus y que prevea un modelo de cálculo para la actualización de las rentas basado en un indicador distinto del IPC, como se está ya aplicando en otros países europeos.

Los sectores del comercioy hostelería de España siguen siendo los de mayor aporte al PIB y al empleo de la economía española y demuestran a diario la validez de su estructura sectorial, geográfica y de servicio para mantener un nivel de servicio a los ciudadanos, independientemente de su condición social o geográfica.