La industria teme un impacto de 2.500 millones por el Fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por Anfac y Sernauto(automoción), Aop (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia), considera que la aprobación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) en sus actuales términos supondría “asestar un golpe de 2.500 millones de euros a la competitividad industrial, ya maltrecha por la escalada de los costes energéticos”.

La industria española no entiende que el Congreso reactive, en el peor de los momentos, su tramitación, cuando “las medidas como el mecanismo de tope o las subastas inframarginales no han conseguido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos que siguen desbocados. Por ello la Alianza apela al sentido de responsabilidad de los partidos políticos para eximir a la industria de esta medida extemporánea”, explican desde la Alianza.

El impacto del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico se incrementaría, además, tras la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas de ayudas de Estado en materia de clima, energía y medio ambiente.

COSTES IMPROPIOS

El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico tiene por objeto asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), extrayéndolos del conjunto de cargos del sistema eléctrico y trasladando progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos. En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2022 y 2026 superaría los 2.500 millones de euros.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera positivo que se extraigan los “costes impropios” del conjunto de los costes regulados del sistema eléctrico (incluido el coste hundido del RECORE) puesto que “redundará en la reducción del precio final para consumidores domésticos e industriales”; pero debe hacerse “sin comprometer la competitividad y el futuro de la industria española”. “El futuro régimen de compensaciones previsto en la actual redacción excluye al 80% de la industria productiva y exportadora española y además corre el riesgo de ser considerado como ayuda de Estado ilegal por Europa”, explican.

Por ello, la Alianza solicita que el coste del Recore sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de manera progresiva, para paliar el impacto en un solo ejercicio. O en caso de que no fuera posible, que se exima totalmente del Fondo a la industria manufacturera.