Nueva guía que ayuda a cuantificar las infracciones del derecho de la competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una guía con orientaciones para los jueces, abogados, peritos y consumidores cuando intervienen en los procesos de reclamaciones de daños por infracciones del derecho de la competencia.

Además, ha explicado que cuando los operadores vulneran la normativa de competencia, afectan a los mercados y la economía "al lastrar la competitividad, la innovación y la creación y calidad del empleo", al tiempo que pueden ocasionar perjuicios específicos a consumidores y usuarios, a los operadores privados y las entidades del sector público.

RECLAMACIÓN COMPLEJA

La normativa de defensa de la competencia permite que quienes hayan sufrido daños puedan reclamar su resarcimiento ante los tribunales. Sin embargo, la complejidad para determinar su cuantía en algunos casos puede reducir la efectividad de las reclamaciones.

Ante esta situación, la guía pretende ayudar a cuantificar mejor los daños sufridos por las infracciones del derecho de la competencia.

El organismo presidido por Cani Fernández ha explicado que este documento es divulgativo y presenta los conceptos económicos, estadísticos y econométricos más relevantes de manera sencilla, y con ejemplos prácticos y listas de comprobaciones.

La CNMC ha detallado que realizó dos consultas públicas y mantuvo numerosas reuniones y sesiones de trabajo para elaborar el documento final, al tiempo que ha destacado que la guía responde al compromiso del plan de actuaciones 2023 de consolidar la cultura de competencia y las buenas prácticas regulatorias.

DEMANDA DEL SECTOR

Cabe recordar que el sector de la distribución ha venido demandando la reducción de cargas fiscales para las empresas. En declaraciones recientes, Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, argumentó que se está "cargando demasiado tanto los productos como las actividades operativas de las empresas".

Además, en su opinión, se necesita un proceso de simplificación administrativa. "Por ejemplo, un comercio de alimentación en Madrid necesita conocer 4.200 normas", subrayó.

Por otro lado, Medina señaló que la ley de la cadena alimentaria nació con el fin de evitar abusos, no para regular precios. La idea de que los beneficios de la cadena alimentaria deben redistribuirse, ha defendido, "emite un mensaje equivocado, ya que insinúa que alguien a lo largo de la misma se está forrando a costa de los demás, lo cual no es cierto".