En vigor la norma que prohíbe recargos en pagos con tarjeta

Ya está en vigor la nueva directiva comunitaria que establece la prohibición de los recargos por pagos con tarjetas de crédito o débito y regula el acceso de terceros a las cuentas bancarias de sus clientes.

La normativa, conocida también por sus siglas en inglés (PSD2), es una revisión de la legislación vigente desde 2007. Entre sus objetivos prioritarios destacan contribuir a un mercado europeo de pagos "más integrado y eficiente", mejorar la igualdad de condiciones entre los proveedores de servicios de pago (incluidos los nuevos participantes), proteger a los consumidores e incrementar la seguridad, recoge Europa Press.

"Esta legislación es otro paso hacia el mercado único digital en la UE. Impulsará el desarrollo de pagos innovadores online y con el móvil, que beneficiará a la economía y al crecimiento. Con PSD2 en vigor, prohibiremos los recargos a pagos con tarjetas de débito y crédito", ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la cartera de Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis.

Sin embargo, en España, la directiva no ha sido traspuesta plenamente aún a la legislación nacional. De hecho, hasta el próximo martes estará abierta la audiencia pública iniciada el pasado 22 de diciembre sobre el anteproyecto de ley.

AHORRO A LOS CONSUMIDORES

La normativa europea prohíbe los cargos adicionales en los pagos que se realizan a través de tarjetas de débito y de crédito tanto en comercios tradicionales como en Internet. Esta prohibición afecta al 95% de las tarjetas y permitirá un ahorro para los consumidores de más de 550 millones de euros al año.

Asimismo, se modifica la responsabilidad de los consumidores en casos en los que se ha realizado un uso no autorizado de la tarjeta. En concreto, excepto en casos de fraude o negligencia grave, la cantidad máxima que tendrá que pagar el consumidor será de 50 euros, frente a los 150 euros actuales.

La nueva legislación introduce, además, medidas reforzadas de seguridad en el inicio y proceso de pagos electrónicos, que se aplicarán a todos los proveedores de este servicio. En concreto, estarán obligados a aplicar la llamada autentificación reforzada del cliente cuando un pagador inicie una transacción. Este proceso valida la identidad del cliente sobre la base de dos o más elementos de validación, como un número PIN, la huella dactilar o algo que el usuario posea (por ejemplo, una tarjeta).

Otro aspecto relevante de esta directiva es que regula el acceso de terceros proveedores a las cuentas bancarias de sus clientes, aunque siempre con la autorización del titular de la cuenta. El objetivo con respecto a estos nuevos proveedores es eliminar las barreras que impedían su entrada en el mercado para incrementar la competencia. No obstante, deberán ceñirse a las mismas normas que regulan los servicios tradicionales de pago en términos de registro, licencia y supervisión.