El Gobierno ha aprobado la modificación de la norma de calidad de la miel, que obliga a informar en el etiquetado sobre los países de procedencia y el porcentaje de cada uno.
Según indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), con esta modificación de la norma se asegura una mayor transparencia en cuanto al origen y a las características de la miel que se consume; se refuerza el mercado nacional y se garantiza a los consumidores una miel con los máximos estándares de calidad.
José Miguel Herrero Velasco, director general de Alimentación en el Mapa, recuerda que estas modificaciones introducidas en la directiva de la Unión Europea fueron impulsadas durante la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024.
"A partir de ahora, será obligatorio indicar en las etiquetas de la miel los países de origen y el porcentaje de cada país. Estamos muy contentos porque hemos logrado un gran avance en la transparencia del etiquetado de la miel", subraya.
José Armando Tellado, CEO de Capsa Food, se hace eco también de esta iniciativa del Ejecutivo: "Una norma a favor del consumo informado, que defiende la calidad en origen y la transparencia del etiquetado de la miel", subraya en su LinkedIn. "A partir de ahora podrás conocer en cada tarro de miel su origen, y aumentarán los controles de calidad para evitar modificaciones o adulteraciones. Solo la miel será miel".
PROTESTAS MASIVAS
Cientos de apicultores han protestado el pasado mes de enero contra las importaciones masivas de miel falsa.
El sector denuncia la avalancha de siropes y sucedáneos de miel que hay en los lineales de las grandes cadenas de distribución europeas y la "permisividad" de las administraciones, que consideran que está dinamitando los esfuerzos de los apicultores profesionales por ofrecer un producto de "alta calidad, sano y sostenible".
La Comisión Europea publicó en marzo del año pasado un informe realizado conjuntamente entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Centro Común de Investigación de la Unión Europea (JRC) y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG Sante), en el que se señaló que el 46% de las muestras europeas analizadas fueron fraudulentas y el 66% de las empresas importadoras controladas tuvieron, al menos, un resultado positivo.
En el caso de España, los porcentajes se elevan al 51% de importaciones con producto fraudulento y un 85% de empresas importadoras con, al menos, un resultado positivo.
