Los peligros de la hiperregulación francesa para paliar la crisis del campo

Os estamos contando estos días que cada vez está más cerca la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria acelerada, en los últimos días, por las protestas del campo que atraviesan España de punta a punta.

En las últimas semanas se ha hablado de precios en origen, venta a pérdidas, promociones... Se trata de una Ley -como todas- compleja y con múltiples aristas, cuyo resultado puede desembocar en una reforma 'liberalizadora' o 'hiperreguladora'.

De momento, entre el ruido, se han ido lanzando ideas que van desde conceptos algo peregrinos como "que agricultores y ganaderos reciban un precio justo" hasta otros cambios inmediatos, y más tangibles, como la prohibición de la venta a pérdidas o el aumento del poder negociador de los agricultores.

También está en el aire la modificación de otras leyes como la de cooperativas, que supone uno de los aspectos clave del problema: el sistema cooperativista español. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de que las cooperativas ganen en dimensión para resultar más competitivas y reforzar su posición negociadora. También la Ley de organizaciones interprofesionales, para que éstas puedan acometer más acciones y mejorar sus instrumentos de funcionamiento.

Se trata, en definitiva, de un complejo entramado difícil de resolver. En FoodRetail & Shoppers hemos querido fijarnos en nuestro país vecino, Francia, para observar cómo se acometieron allí los cambios que dieron lugar a su nueva Ley de Agricultura y Alimentación. Lo hacemos porque la problemática en el país galo era similar, desde la situación de los agricultores hasta la presión en la calle que desembocó con una modificación de la normativa que entró en vigor en febrero de 2019 y que es un ejemplo de hiperregulación.

Entre las medidas emblemáticas de esta ley (conocida como EGalim) impulsada por Macron destacaba notablemente el aumento del 10% en el umbral para la venta a pérdida y la supervisión de promociones. "Se trata de impedir que se implementen promociones que impacten el 35% sobre el precio del producto o el 25% sobre el volumen global del mismo", explica a FoodRetail Jean-Marie Benaroya, senior advisor experto en gran consumo y distribución.

Se trata, explica Benaroya, de dos medidas enfocadas a regularizar el precio de los productos. "El mayor impacto se ha producido en cuanto a la limitación de las promociones, aunque con el efecto contrario al deseado: al ponerlo en marcha, las pymes se han visto perjudicadas porque ya no pueden hacer promociones que eran una importante palanca de crecimiento para ellas".

En cuanto a la regulación del precio al público, se trataba de repercutir 'hacia abajo' el incremento de precios -el famoso "reequilibrio" del que habla el ministro Planas: que el valor vaya en trayectoria descendente en la cadena-. Sin embargo, explica Benaroya, "no hay constancia de que el margen se haya reequilibrado más allá de algún caso concreto en el sector lácteo; en este caso porque se ha garantizado un precio mínimo al productor por acuerdos privados y voluntarios.

La conclusión, por tanto, es que "el intervencionismo en el precio es un arma de doble filo". Se puede intervenir el precio en virtud de esos acuerdos privados, pero es muy complejo hacerlo en la totalidad del sector. Además, señala Benaroya, queda en el aire el papel de las cooperativas: "El gran reto pasa por la concentración de la producción, ya que es evidente que cooperativas más grandes siempre podrán ejercer una mayor presión". Todo lo contrario de lo que pasa en España, donde encontramos en un pequeño municipio decenas, sino centenares de cooperativas. "Antes de reequilibrar habría que modernizar la cadena de producción", diagnostica el experto.