Crece la presión social del campo contra la distribución organizada
El próximo martes, 25 de febrero, el Consejo de Ministros modificará la Ley de la Cadena Alimentaria en medio de una nube de protestas -televisadas- de los agricultores y con la gran distribución en el punto de mira.
La crisis del campo y de precios para agricultores y ganaderos continúa sumando episodios sin que de momento se vislumbren soluciones claras y entre el temor de no pocos sectores ante la incertidumbre de los movimientos que se den en el futuro para atajar la situación, especialmente después del señalamiento a sectores como el de la distribución como potencial generador de esta crisis y de algún que otro paso 'en falso' que el Gobierno ha intentado solventar.
En la calle, los agricultores siguen protagonizando concentraciones en las que piden soluciones inmediatas para atenuar su situación, realmente grave. Los manifestantes insisten en que se persiga la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción), que se amplíen los fondos para seguros, que se habiliten depósitos para crisis, que se exijan controles fitosanitarios y laborales a los países exportadores y que se estudie el impacto económico de los acuerdos comerciales con países terceros.
Unas movilizaciones, por cierto, cada vez más extensas y siempre con una gran cobertura mediática. Sirva el ejemplo de Televisión Española, que dedica horas y horas de su programación a cubrir las demandas de los agricultores. Y si la televisión pública realiza este despliegue, no nos engañemos, es porque hay un interés 'público' en que todo el mundo conozca las reivindicaciones de los agricultores. El problema es que cuando ese interés se infla y además se convierte en parcial, es decir, cuando se empeñan en presentar a los distribuidores como los malos de esta película.
Como telón de fondo, reformas como la de la Ley de la Cadena Alimentaria. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado que el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes 25 de febrero, tiene previsto aprobar un real decreto ley que transforma esta ley y que permitirá a los agricultores “tomar decisiones donde les hace falta”.
En esta línea, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado esa semana, precisamente en una entrevista concedida al Canal 24 horas de RTVE, que el Gobierno prevé introducir "de forma inmediata" medidas que han reivindicado los agricultores y ganaderos para solucionar los problemas en el campo. Planas ha destacado que el Ejecutivo pretende introducir "una referencia a los costes de producción en el contrato escrito" y ha propuesto "que se prohíban la venta a pérdida y las promociones que confunden al consumidor" a la vez que va plantear al sector ideas que deberían tomar para que los agricultores mejoren "su previsión negociadora de cara a la industria y de cara a la distribución".
EL "APRETAD" DE PABLO IGLESIAS
La vicepresidenta Calvo no ha usado este viernes la expresión "apretad" con la que su homólogo el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alentaron a los agricultores a incrementar sus protestas. Poco antes, la secretaria de Estado Ione Belarra no dudaba en poner la diana sobre el sector de la distribución.
Está claro que apretar, están apretando, y con una generosa cobertura mediática. El próximo capítulo lo viviremos la próxima semana en la que conoceremos en detalle los entresijos de esta modificación de la Ley y cómo afecta a agricultores, distribución y toda la cadena intermedia.
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