La "caza de brujas" que preocupa a los supermercados

Europa está en pleno debate sobre la directiva contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, que gusta al algunos y ofende a otros tantos. A falta de su ratificación en el Plenario del 23 octubre, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha votado en Estrasburgo a favor del Informe sobre prácticas comerciales desleales, presentado este lunes por el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, que anima, por ejemplo, a agricultores y ganadores, aunque no gusta nada al sector minorista europeo, que califica este proceso como una "caza de brujas".

Así, se ha incluido en la lista de prácticas comerciales desleales a perseguir por los Estados Miembros el concepto de 'ventas a pérdidas', que tanto ha sido denunciado por el sector primario español. El ministro del Mapa, Luis Planas, se ha mostrado muy favorable a terminar de una vez por todas con esta práctica.

Respecto a los contratos de suministro, si bien no son obligatorios, los eurodiputados proponen que, si el proveedor lo pide, el comprador debe realizarlo por escrito con una serie de condiciones como duración y precio. La directiva no se aplica en el caso de organizaciones de productores y cooperativas, si establecen en sus estatutos las condiciones de pago de los productos a sus miembros. Asimismo, solicitan que se mejore la condición de anonimato y que las asociaciones de operadores puedan presentar quejas en nombre de sus miembros por incumplimiento de los contratos. Incluso aclaran las condiciones de aplicación en caso de que la sede social del operador este fuera de la UE, con el fin de que puedan escapar a la aplicación de la normativa.

El informe votado define como práctica comercial desleal aquella que "se aparta manifiestamente de la buena conducta comercial, es contraria a los principios de buena fe y comercio justo y que es impuesta de manera unilateral por una de las partes; impone o intenta imponer una transferencia injustificada y desproporcionada del riesgo económico del comprador al proveedor; un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones al proveedor en la relación comercial antes, durante o después del contrato".

Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerda que actualmente existen en más de 20 países de la UE alguna forma de regulación sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y, por tanto, "una normativa europea es necesaria para proteger el mercado interior", si bien se propone que las normas nacionales de los países puedan ser más estrictas que esta directiva. La organización considera la votación del PE como "un gran paso hacia una cadena alimentaria más justa".

Críticas desde EuroCommerce

Pero la directiva no es bien vista por los retailers. Desde EuroCommerce, el organismo que representa al sector minorista en Europa (las patronales Asedas y Aces, por ejemplo, forman parte de él), ha descrito la directiva sobre prácticas comerciales desleales como una "caza de brujas" contra minoristas y mayoristas.

"La Comisión presentó una propuesta destinada a proteger a los agricultores y las pymes. En el curso de las discusiones parlamentarias, impulsadas por consignas como 'Justicia para todos', la directiva en su versión modificada protege a las grandes multinacionales alimentarias y el debate se ha convertido en un ataque directo a las negociaciones legítimas entre minoristas y proveedores", dice el director general de EuroCommerce, Christian Verschueren.

EuroCommerce ha dicho que la serie de enmiendas impulsadas "no harán nada por la equidad" en la cadena de suministro, sino que impondrá ·una serie de restricciones a los minoristas".

"La directiva terminará fortaleciendo aún más a los jugadores más fuertes del mercado y los jugadores más débiles -agricultores, pymes y consumidores- serán incluso más débiles", añade Verschueren. "Es una caza de brujas contra minoristas y mayoristas para llenar los bolsillos de las multinacionales", concluye, señalando que la directiva "otorga derechos a los vendedores, pero no a los compradores", lo que pone en tela de juicio los principios de la UE sobre la igualdad de trato.