Recurso contra el impuesto catalán a los refrescos

Las organizaciones que representan a la cadena alimentaria y a la restauración han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Reglamento del Impuesto Catalán a las bebidas azucaradas envasadas.

El citado impuesto, contra el que se ha solicitado al Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una "pérdida de competitividad" por las cargas “desproporcionadas” que suponen para las empresas y la consecuente “inseguridad jurídica”, señalan en un comunicado.

Estas organizaciones reiteran la necesidad de “detener esta norma, de carácter recaudatorio, que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país”.

VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS

El pasado mes de junio, FoodRetail ya os informaba de la unidad de todo el sector contra este Reglamento. Y es que Fiab, Promarca, Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Asaja, Coag, Cooperativas Agro-alimentarias, UPA, Fehr y Marcas de Restauración consideran que esta norma “vulnera principios” como el de territorialidad, la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica y el de igualdad y no discriminación, entre otros.

Estos sectores entienden que el precedente que introduce el citado impuesto "no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines".

En concreto, Anged, Aces y Asedas coinciden en que esta política fiscal sobre los alimentos, en la medida en que se extienda a otros productos y a otras Comunidades Autónomas, "supondrá unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inasumibles para las empresas". "En un mercado europeo cada vez más digital que tiende a la integración, es totalmente anacrónico fragmentar nuestro mercado interno con tributos de este tipo”, alegan desde estas entidades.