Carrefour, también multada por venta a pérdidas de aceite de oliva

Si la semana pasada fue El Corte Inglés, en esta ocasión ha sido Carrefour España la compañía sancionada por haber realizado venta a pérdidas de aceite de oliva virgen. La empresa deberá pagar una multa de 42.120 euros por incumplir la Ley de comercio minorista, en una sanción que llega de la mano de la Junta de Extremadura.

Tal y como ha informado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), el Gobierno extremeño ha considerado probada la denuncia que realizó la organización en 2014, motivada por una oferta de aceite a 1,89 euros/litro. UPA presentó esta denuncia basándose en un estudio de mercado que demostraba que no se podía vender aceite de oliva virgen por debajo de los 2,20 euros/litro sin incurrir en pérdidas. En ese momento, Carrefour lanzó una campaña ofreciendo aceite con el precio mencionado de 1,89 euros/litro.

La organización agraria ha mostrado su alegría por una multa que por vez primera "rompe la barrera de los 3.000 euros" y tiene una cuantía superior que "se acerca más" al perjuicio económico que la venta con pérdidas provoca en el sector productor, en este caso en el del aceite de oliva.

"Las ofertas a precios por debajo de coste son muy dañinas para el sector", aseguran los agricultores. "Sólo buscan atraer a los consumidores por el bajo precio", ignorando el hecho de que sirven para "marcar precios del producto al principio de la campaña al condicionar la posición del resto de operadores de la distribución", añaden.

En esta nueva sanción, la Junta de Extremadura ha tenido en cuenta "la solvencia económica de la empresa de distribución, la intencionalidad acreditada, la duración de la campaña y el volumen de facturación del gigante de la distribución Carrefour".

Esta nueva multa se suma a la que la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia impusieron contra El Corte Inglés y a las denuncias que los olivareros han formulado en los últimos días contra Día por "nuevas ofertas abusivas". UPA ha vuelto a hacer un llamamiento a todos los Gobiernos autonómicos para que hagan cumplir la ley e impongan sanciones "de una cuantía suficientemente disuasoria" por estas actuaciones.