El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que permite a los ciudadanos resolver sus reclamaciones sin necesidad de acudir a la vía judicial.

La norma fija el plazo máximo de resolución en 90 días naturales desde la presentación de la reclamación. Los procedimientos serán normalmente gratuitos para el consumidor o con un coste inferior a 30 euros, informa Efe. Asimismo, se establece que el mecanismo sea "transparente, sencillo, rápido y justo, garantizándose su imparcialidad".

Los empresarios tendrán la obligación de informar de forma específica sobre el acceso a entidades de resolución alternativa de conflictos. Una novedad destacada es que podrán exhibir su adhesión a estas entidades como un plus de calidad a su oferta de bienes y servicios.

Los conflictos a los que se refiere el anteproyecto son todos aquellos de carácter nacional o transfronterizo surgidos entre un consumidor y un empresario, con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica o telefónica.