El impuesto sobre grandes establecimientos es "legal"

El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado la legalidad de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales (IGEC) de Asturias, Aragón y Cataluña. La Corte de Luxemburgo considera que "son compatibles con el Derecho la UE", una decisión previsible, ya que el pasado mes de noviembre la Abogada General de la UE emitió un informe favorable al IGEC.

Tras el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) ha manifestado que el IGEC "puede ser legal desde el punto de vista jurídico y, sin embargo, tener unos efectos extraordinariamente negativos" sobre la competitividad y el empleo de las empresas afectadas.

A este respecto, considera que "grava en exclusiva a las compañías con grandes establecimientos comerciales, perjudicando gravemente su competitividad respecto de otros operadores, formatos y modelos comerciales", señala. A este respecto ha hecho hincapié en las plataformas digitales, "que no están sujetas a las mismas barreras operativas, restricciones e impuestos que, como el IGEC, erosionan el negocio de las empresas".

En definitiva, la Asociación considera que el IGEC "penaliza gravemente" a una parte de las tiendas físicas, el empleo y la generación de riqueza que proporcionan allí donde se establecen.

Asimismo, recuerda que, hace sólo una semana, la Comisión Europea pidió reducir las barreras operativas y comerciales en España, "que ya es el segundo país más restrictivo de la UE". Sobre el IGEC, Bruselas cuestionó su proporcionalidad y justificación medioambiental, advirtiendo de que la existencia de impuestos específicos basados en el tamaño que solo se aplican a las tiendas físicas, puede suponer para estas una desventaja competitiva en comparación con los comercios online y otras empresas.

"TRIBUTOS ANACRÓNICOS"

Por todo ello, Anged ha solicitado a las comunidades autónomas "reconsiderar la necesidad de mantener este tipo de figuras impositivas". "Tributos como el IGEC no sólo son anacrónicos, sino que distorsionan gravemente la oferta comercial, penalizan la capacidad de crecimiento de las empresas, drenando recursos a la inversión y la generación de empleo", añade.

Los impuestos sobre los grandes establecimientos comerciales nacieron en España en el año 2000. Casi dos décadas después, los hábitos de consumo y el entorno comercial sobre el que fueron creados se ha transformado radicalmente. "Nuestras empresas están inmersas en un proceso profundo de transformación digital, que afecta a todo su modelo de negocio y está requiriendo fuertes inversiones. Mientras, compiten con grandes ecosistemas digitales globales que, sin una tienda física, venden las 24 horas del día productos a cualquier país de Europa", argumenta la Asociación.

Esta entidad insiste en que la "hiperregulación, la ruptura de la unidad de mercado, las restricciones operativas al ejercicio del comercio y la fiscalidad" que hoy padecen sólo una parte de las empresas del sector "son incompatibles con la competitividad de las empresas en el entorno digital en el que operan". Por ello, aboga por "un marco normativo moderno" para el comercio en España, que afronte los cambios de la transformación digital y permita a todos los operadores, independientemente de su tamaño, canal o modelo de negocio "competir con la misma libertad de empresa".