Retos y oportunidades del sector agroalimentario para 2022

La sostenibilidad constituye un elemento clave de las políticas europeas del sector agroalimentario según el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa y el Pacto Verde Europeo. A su vez, de acuerdo con la Cumbre de Naciones Unidas de Sistemas Alimentarios 2021, sabemos que es necesario avanzar en la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está desarrollando actuaciones propias de fomento de la sostenibilidad y de la calidad alimentaria, con el objetivo de que en nuestro país dispongamos de alimentos necesarios para tener una dieta variada, nutritiva, asequible, equilibrada, saludable y suficiente, como se desprende de nuestra campaña de promoción de Alimentos de España.

Considerando la sostenibilidad integral como un criterio transversal en todas las políticas y actuaciones relativas a los alimentos, es necesario tener en cuenta que, en el ámbito de la industria y de la distribución alimentaria, es prioritario garantizar la calidad de todos los alimentos comercializados en la UE, donde las normas de calidad y de etiquetado son clave.

Para lograr estos objetivos, la innovación y la digitalización juegan un papel prioritario que en los últimos años se han consolidado como parte esencial de la agenda política comunitaria y nacional, y ha ganado peso estratégico en las políticas europeas de I+D+i (Horizonte 2020/Horizonte Europa), en la PAC y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El PERTE Agroalimentario desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, va a contribuir a dinamizar el conjunto de la cadena a través de iniciativas que constituyan nuevos proyectos de transformación del sector y se erigirá en un catalizador de iniciativas para modernizar el sector agroalimentario.

En este sentido, el sector agroalimentario está haciendo un gran esfuerzo en innovación, como lo reflejan las 2.103 empresas (de 10 o más asalariados) que desarrollan innovación tecnológica con un gasto de 959,4 M€, donde destaca la industria agroalimentaria tanto en número de empresas (1.490, el 23% del total) como en gasto (799 M€, 4,7% del total del gasto en innovación).

En España el gasto interno en I+D ejecutado en 2020 en el ámbito agroalimentario ascendió a 845 M€, lo que supone un incremento del 3,6% respecto a 2019 y del 12,8% respecto a la media de los últimos 5 años. El 44% de ese gasto es realizado por las empresas del sector y el 39% lo realiza la administración pública. También cabe destacar que el gasto de las empresas de la industria alimentaria con 270 M€ representa el 32% del gasto interno total del ámbito agroalimentario

En el diseño de dichas políticas, no podemos perder de vista al consumidor quien muestra cada vez más interés por la alimentación, aumentando sus exigencias en relación a aspectos como la salud, la seguridad alimentaria, la calidad de los productos, el control alimentario, la información sobre los alimentos, la sostenibilidad o el bienestar animal.

La industria alimentaria ha realizado, y debe seguir realizando, un esfuerzo importante para alinearse con las demandas del consumidor, cada vez más exigente, que se comunica de forma inmediata a través de redes sociales y que busca la personalización y un trato diferenciado.

El sector agroalimentario en su conjunto, y la industria alimentaria en particular, se enfrentan a una década transformadora para la cadena alimentaria y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenemos el firme propósito de ayudarles a afrontar sus retos con el objetivo de que la cadena alimentaria lidere la recuperación de la economía española.

El futuro del sector agroalimentario depende, en gran medida, del éxito de las actividades de innovación y digitalización para conseguir que sea competitivo, que produzca más con menos recursos y menor impacto ambiental, que contribuya a la seguridad alimentaria y a la diversificación de las producciones y productos.

Pero toda esta innovación también ha llegado hasta el consumidor, que está hiperconectado a través de las redes sociales generando un big data que va a permitir a las empresas anticipar la demanda de nuevos productos y que éstos se ajusten a las necesidades de los consumidores. En los últimos años, hemos asistido a un cambio constante de sus demandas, impulsado en gran medida por las transformaciones sociales, culturales y tecnológicos, lo que exige una adaptación de los sistemas agroalimentarios.

Quisiera destacar algunas de las actuaciones que estamos desarrollando para dar respuesta a los retos mencionados.

En primer lugar, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario para reducir los residuos alimentarios. Para cumplir esta ley, los agentes que operan en la cadena alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío.

En segundo lugar, estamos elaborando una hoja de ruta para fomentar la producción y el consumo de alimentos ecológicos, en línea con el Plan de Acción Europeo. El objetivo de la hoja de ruta es alcanzar el 25% de la superficie agraria útil puesta en producción ecológica para 2030, tal y como recoge la estrategia “De la Granja a la Mesa”. Y es que las producciones de calidad diferenciada y la producción ecológica se muestran como una forma de posicionarse en el mercado como garantía de la calidad y seguridad de los productos europeos.

En tercer lugar, hemos aprobado la Ley 16/2021 de la cadena alimentaria, que busca integrar al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2019/633, que aborda las prácticas desleales en la cadena agroalimentaria. Con esta ley, el sector agroalimentario tiene por primera vez en la historia una serie de reglas de juego que favorecen la generación de valor y garantizan su reparto equitativo a lo largo de la cadena, de abajo a arriba, mejorando la posición negociadora de los operadores más débiles e incidiendo en que en las negociaciones comerciales se persiga cubrir, al menos, los costes de producción de los alimentos.

La ley 16/2021 amplía el ámbito de aplicación de la Ley 12/2013: por un lado, a nivel material, ampliando los productos susceptibles y, por otro, a nivel espacial, aplicándose también en el caso de que uno de los operadores no se encuentre en España. Prohíbe la destrucción de valor y se amplía la obligación de realizar contratos por escrito en transacciones por encima de 1.000 euros; se completan las prácticas comerciales desleales prohibidas ya existentes en la Ley 12/2013 con la inclusión de otras nuevas prácticas; y, finalmente,se refuerza el régimen sancionador y el papel de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).

Por último, quisiera destacar el papel del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que aporta información de cómo se forman los precios a lo largo de las diferentes cadenas de producción y los pone a su disposición. Creemos que una mayor transparencia en los mercados ayudará a los agricultores en su toma de decisiones.

El diseño de las políticas resulta clave para facilitar este cambio en los sistemas agroalimentarios y su adaptación al nuevo contexto y a las nuevas demandas de los consumidores, asunto que abordamos a través de la PAC, así como del resto de actuaciones y proyectos normativos.

Esta tribuna de José Miguel Herrero Velasco. director general de la Industria Alimentaria, está incluida en el Anuario de la Innovación 2022 de Food Retail & Service, una obra exclusiva que puedes descargar de forma directa y gratuita aquí.

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