La distribución minorista acapara las sanciones de control alimentario

Desde su entrada en funcionamiento en el año 2014, la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica) ha realizado 6.142 inspecciones, que han motivado la imposición de 3.149 sanciones por un montante de más de 13,6 millones de euros. La mayor parte recae en el sector de la distribución comercial minorista, con casi 8,7 millones de euros. Hasta la fecha, se ha pagado el 87% de los importes totales de las sanciones impuestas (11,8 millones de euros).

Por lo que respecta al primer semestre de 2022, esta entidad ha inspeccionado 697 relaciones comerciales, principalmente sobre frutas y hortalizas (283), cárnico (184), lácteo (183), miel (44), vino (2) y aceite de oliva (1). Además, ha llevado a cabo 2.264 actuaciones encaminadas a comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la ley. En concreto, ha realizado 822 comprobaciones para confirmar la existencia de contratos y revisar su contenido en el sector de frutas y hortalizas (47%), en el sector de pollo vivo (43%), el de leche cruda de vaca, oveja y cabra (5%); y el de la carne de vacuno (3%). Y ha efectuado 1.442 sobre prácticas abusivas comerciales.

En términos globales, entre enero y junio, la Aica ha realizado un total de 354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena. En este periodo ha recibido nueve denuncias por presuntos incumplimientos y ha impuesto 95 sanciones, el 45% de ellas motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, infracción que se concreta en el sector mayorista y en el sector de la industria.

El sector de frutas y hortalizas acapara el mayor número de inspecciones en el citado periodo (135), seguido del cárnico (132), el lácteo (61), la miel (23), el vino (2) y el aceite de oliva (1).

En este sentido, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha asegurado que la adecuada aplicación de la nueva ley de la cadena es el mejor activo para hacer frente a la situación que sufren los mercados agrarios tras la invasión de Ucrania con el aumento de los precios de las materias primas, los combustibles e insumos. A esto hay que unir las inclemencias climáticas y la situación de sequía que afectan a las cosechas y a la alimentación del ganado.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar unas retribuciones dignas que permitan mantener las explotaciones y su rentabilidad para asegurar la disponibilidad de alimentos en estas situaciones extremas, donde el control de las materias primas y alimentos se ha convertido en un arma potente, peligrosa y desestabilizadora.

En este contexto, aboga por la unión, responsabilidad, compromiso y esfuerzo compartido entre todos los operadores de la cadena para afrontar los retos y avanzar rápidamente en la efectividad de esta ley.

La divulgación de esta norma es fundamental para su implantación y, en este sentido, el Ministerio considera que hay que conseguir un cambio de cultura que estimule la participación de todos en observar su adecuada aplicación y, en su caso, denunciar su incumplimiento.

En el primer semestre del año 2022, la Aica ha investigado nueve denuncias por presuntos incumplimientos a la Ley de la Cadena, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas (4), lácteo (2), vitivinícola (1), aceite de oliva (1) y aceituna de mesa (1).

LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

Tras entrada en vigor de la modificación de la Ley de la Cadena, el 16 de diciembre del año 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en el desarrollo de esta norma. Ya se creado el Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución en coordinación con las comunidades autónomas, que garantiza la aplicación y el control de la ley en todos los territorios de manera uniforme y multiplica la actividad de inspección.

Además, están en tramitación los reales decretos por los que se desarrolla el registro de contratos alimentarios y se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios. La nueva ley ha establecido la obligación de crear un registro digital en el que se deben inscribir los contratos alimentarios por valor superior a 1.000 euros que se suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones, antes de la entrega del producto.