Lidl ha interpuesto una demanda judicial contra la organización activista OBA (Observatorio de Bienestar Animal) tras ser objeto de lo que considera "reiteradas acusaciones difamatorias".

Según indica en un comunicado la cadena de origen alemán, en los últimos meses, "el OBA ha promovido campañas de desinformación que no solo carecen de base científica, sino que también afectan directamente al honor y la reputación de la compañía". Y añade: "Estas afirmaciones falsas o 'bulos', han generado una percepción errónea sobre la seguridad alimentaria en el sector, induciendo a los consumidores a una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad de un sector altamente regulado".

La compañía pone el acento en su "firme compromiso con la seguridad alimentaria" desde hace 30 años, "exigiendo los más altos estándares a todos sus proveedores".

En este sentido, incide en los "exhaustivos controles" que realiza a lo largo de toda la cadena de suministro "a través de organismos independientes y acreditados". Y recuerda que sus productos y su modelo de producción sostenible están avalados por homologaciones de calidad reconocidas a nivel internacional, como el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y las certificaciones IFS Food (International Featured Standards Food) y BRC (British Retail Consortium), que son exigidas a sus proveedores. Además de estas revisiones por parte de Lidl, "las autoridades y los servicios sanitarios también llevan a cabo controles rigurosos de todos sus proveedores, garantizando así el cumplimiento de todos los requisitos de la legislación vigente", subraya.

"ATAQUE INFUNDADO"

La compañía expone igualmente que las acusaciones vertidas por el OBA "han sido sistemáticamente desacreditadas por expertos independientes, y las denuncias presentadas por la propia OBA, fueron archivadas por la justicia", lo que a su juicio "evidencia la falta de rigor científico en sus afirmaciones y el uso de información tergiversada, carente de rigor y sin contrastar". 

Según Lidl, el OBA busca "ejercer presión" para que la compañía se adhiera al European Chicken Commitment (ECC) a lo que precisa que, si bien comparte los objetivos de este organismo, "prefiere alcanzarlos a través de sus propios mecanismos de control y mejora continua, considerando toda la cadena de valor".

En este sentido, la enseña subraya que la demanda interpuesta "no persigue un objetivo económico, sino la defensa de su honor y la lucha contra la desinformación". Por ello, en caso de que la justicia dictamine el pago de una indemnización, la compañía destinará íntegramente dichos fondos a iniciativas que promuevan proyectos sociales.

RESPONSABILIDAD INFORMATIVA

Finalmente, la cadena apunta que, en los últimos años, "el sector alimentario ha enfrentado una creciente ola de desinformación, caracterizada por noticias fuera de contexto, titulares alarmistas y alertas infundadas que no cuentan con el respaldo de las autoridades públicas competentes en seguridad alimentaria y nutrición en España". 

En este contexto, denuncia que la desinformación "puede perjudicar al sector y generar confusión en los consumidores". Por ello, hace un llamamiento a la "responsabilidad de las organizaciones y a la rigurosidad de las plataformas de difusión, en especial de los medios de comunicación, que en su mayoría ya ejercen su labor de manera profesional y ética".

Finalmente, incide en su compromiso para "seguir mejorando continuamente sus procesos".