Listas negras, amenazas y cortes de suministro: las herramientas de Restalia para presionar a sus franquiciados
La demanda contra el grupo de franquicias se acerca a los 100 afectados por delitos de estafa agravado, organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros
El modelo de negocio de la franquicia presenta diversas ventajas tanto al que lo pone en marcha como al que confía en él. El franquiciado apuesta por un modelo contrastado y de éxito, al amparo de una marca reconocida, mientras el franquiciador extiende su negocio gracias a la inversión de un tercero. Eso es lo que sucede en teoría, pero en el caso de Restalia, la clave del negocio tiene un cariz diferente.
Esta es una de las claves que observan los abogados de los primeros 31 franquiciados que denunciaron a Restalia por estafa, entre otros delitos como el de organización criminal, coacción y blanqueo de capitales. A esas denuncias se han unido ya otros 30 locales, más otros 40 que están en lista de espera. En total, los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados habrían recibido hasta 100 llamadas por este asunto.
Food Retail & Service preguntó en rueda de prensa por qué la franquicia querría apostar por unas condiciones supuestamente leoninas para sus franquiciados, que en último término pueden llevar a una denuncia como la que ha tenido lugar. Los abogados respondieron con cautela, pero dejaron entrever que el negocio de Restalia no se encuentra en que los 100 Montaditos, La Sureña o TGB estén llenos de gente y ganen dinero, sino que la clave está en que entren nuevos franquiciados. “La rotación da apariencia de éxito y a poco que se engrase la maquinaria, eso funciona”, comentaron los abogados. Se calcula que el año pasado salieron de la firma un centenar de franquiciados.
Como ya se ha publicado, la franquicia impone ciertas condiciones a los interesados en formar parte del negocio, como pagar unos derechos o contratar a unos proveedores homologados, en la jerga de Restalia. Según contaron ante la prensa varios de esos franquiciados, esos compromisos van desde contratar con esos proveedores la propia reforma de las instalaciones hasta la compra de los diferentes suministros. “Al cabo de un tiempo, los franquiciados comprueban que la tienda de la esquina tiene mejores precios que ellos”, dicen los abogados.
Los denunciantes se quejan de que la franquicia impone el precio de compra y también el de venta al público. Asimismo, las promociones que lanza la matriz se hacen a coste del franquiciado. A la vez, la entrada de nuevos establecimientos se produce por medio de una presentación al interesado. “Restalia entrega un Business Plan con números irreales”, dicen los abogados, que creen que este hecho “no puede ser más grave, porque posibilita el contrato de franquicia”. En ese plan de negocio se incluyen datos como la facturación anual, recuperación de la inversión o rentabilidad, que en opinión de los letrados no son más que un modo de atraer nuevos interesados en la franquicia.
José Antonio Lombardía, franquiciado de Panther, cuenta que la compañía le prometió que iba a facturar 500.000 euros en el primer año. La realidad fue muy distinta cuando la cifra real rozó la mitad. “Nadie se equivoca tanto, me enseñaron esos números para que firmara”, dice Lombardía. En su caso, la situación fue más sangrante porque esa franquicia era tan solo el segundo establecimiento que se abrió de la marca, por lo que el modelo no estaba testado y el funcionamiento de la cadena se hacía mediante “ensayo y error”. “Sueltas el dinero y se olvidan de ti”, lamenta Lombardía.
Prácticas de presión
Estos hechos y otros son calificados como “muy graves” por los abogados que están llevando esta denuncia. “El relato de algunos de los denunciantes es desgarrador, hay testimonios sangrantes, parecen sacados de una tragedia griega”, dicen, aunque insisten en que ninguno de estos despachos cuestiona el modelo de franquicia, que otras cadenas realizan de forma exitosa. “La palabra perverso se queda corta”, afirman. En este caso, estiman que harían falta ocho días para examinar la ingente cantidad de pruebas y documentos que han acumulado hasta ahora, algunos datados en 2013 y 2014.
Otro de esos testimonios es el de Julián García Movelllán, que abrió un The Good Burger (TGB). Cuenta que desde el segundo mes el negocio contaba con pérdidas de 16.000 euros. Ante las diferentes propuestas para reflotar las ventas, García Movellán se encuentra con el “desamparo de la franquicia” y con la negativa a dichas propuestas. Conforme este franquiciado va acumulando deudas, Restalia toma decisiones drásticas.
En primer lugar, Restalia opta por cortar el suministro informático por una deuda de 426 euros. En particular, esos cortes se hacían los viernes, lo que para este empresario se hacía “para hacer el máximo daño”, porque las oficinas se cerraban durante todo el fin de semana y no se podía reactivar el servicio hasta el lunes. En un momento dado, García planteó que ya estaba pagando con retraso a sus trabajadores y que la situación era límite. La respuesta de la otra parte fue la siguiente: “Los trabajadores no te van a cortar el suministro informático, Restalia sí”.
El colmo ocurrió cuando a esta franquicia le llegó un pedido de carne caducada. García preguntó a Havi Logistics, el proveedor, acerca de dicho pedido. "Tienes que mentir a tus clientes", le dijeron. Desde la empresa le indicaron que el envío de esa carne era una orden directa de Restalia. De paso, le recordaron que el cliente de dicho proveedor es Restalia y no sus franquiciados. De hecho, la consigna desde la franquicia es proporcionar una lista de franquiciados con deudas a los que no se les deben suministrar productos, como medida de presión para que hagan frente a esas deudas. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con Havi Logistics, obteniendo el silencio como respuesta.
Enrique Cebeira, exsecretario de la junta directiva de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia, tiene una historia similar al de los otros franquiciados. Asegura haber ejercido durante muchos meses como “gabinete psicológico” por los numerosos dramas que llegaban a la asociación. Familias arruinadas, problemas mentales, divorcios, entre otros problemas que generaba el modelo de negocio de Restalia, que los abogados no dudan en calificar como un “patrón de conducta”, mientras rechazan la posibilidad de que se trate de unos cuantos casos aislados.
Cebeira también tenía un 100 Montaditos y un TGB y, en asociación con un cierto número de establecimientos, propuso modificar los precios de la carta. Restalia no lo permitió y, en respuesta, el número de socios de la asociación se elevó desde 150 a 250 en pocos meses. Desde la asociación decidieron tomar varias acciones: la primera, contratar un abogado; la segunda, enviar un escrito a Restalia con diversas propuestas en materia de precios, promociones, restricciones por coronavirus, etc.
Restalia reacciona en primer lugar dejando de reconocer a la asociación como interlocutor. En segundo lugar, hasta 30 locales reciben un burofax del abogado Carlos Soto en el que se informa de la resolución de los contratos de franquicia. Asimismo, Restalia les corta los suministros a través de Havi Logistics. Y en cuanto a Cebeira, le exigen su dimisión como secretario y le obligan a vender los locales en un plazo de seis meses.
"La gestión del franquiciado es irrelevante", dicen los abogados, al tener en cuenta las numerosas condiciones que impone Restalia. Además, vinculan a Havi Logistics con estas prácticas de Restalia. Dicho proveedor aparece por segunda vez en una denuncia por estafa y coacciones, como son los cortes de suministro que se relatan en este artículo.
Por su parte, desde Restalia explican que no se ha recibido ninguna notificación por parte del juzgado. Los abogados de las víctimas mantienen la discreción acerca de los procedimientos que se están llevando a cabo, más allá de reconocer que la denuncia ha sido admitida a trámite.
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