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La restauración colectiva considera “grave” no poder actualizar sus precios

Además, pide la derogación de la ley de desindexación, que hace que los precios de los contratos públicos, tasas, precios y tarifas, entre otros conceptos, no estén vinculados al Índice de precios al Consumo (IPC).

Food Retail & Service

04 de julio 2022 - 11:38

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Mesa de un restaurante / Redacción FRS

La federación que integra a las principales compañías del sector de la restauración colectiva, Food Service España, considera “grave” no poder actualizar el precio de sus servicios cuando este se presta a una administración tras haber ganado un concurso público, dado el actual escenario inflacionista, según adelanta EFE.

La asociación ha pedido a las administraciones que “sean sensibles a la enorme escalada de los precios de las materias primas en los últimos meses”. “Nos enfrentamos a un problema grave, que tiene que ver con la normativa que impide actualizar el precio en un concurso público que dure varios años. Que los precios estén congelados es muy grave para las empresas, porque ellas sí tienen que afrontar las subidas en los salarios, así como los costes de las materias primas y la energía”, señalan desde Food Service.

Además, ha indicado que es incluso más grave “la incapacidad práctica que tienen las empresas para desvincularse de concursos públicos que les hayan adjudicado y hayan devenido en ruinosos”. “Entendemos que somos un sector de gran volumen, que tenemos una función social importante y que hemos de trabajar con unos márgenes bajos, pero las condiciones han de ser las necesarias para que podamos seguir prestando el servicio de calidad”, indica la asociación.

LEY DE DESINDEXACIÓN

“La mayoría de las administraciones son insensibles y se resisten a activar los mecanismos que vienen establecidos en la Ley para la revisión de precios, y cuando lo hacen, alargan los plazos todo lo posible, provocando que algunas de nuestras empresas se vean obligadas a cerrar”, señala la asociación.

Finalmente, ha pedido la derogación de la ley de desindexación, que hace que los precios de los contratos públicos, tasas, precios y tarifas, entre otros conceptos, no estén vinculados al Índice de precios al Consumo (IPC).

“En la actualidad estamos viendo como vía decreto y normas especiales, cada vez se dan más excepciones (a esta ley) para sectores públicos cuya parada puede colapsar la sociedad. Como federación hacemos un llamamiento a las administraciones, puesto que en ningún momento nadie podrá exigir a las empresas (del sector) que incurran en pérdidas por mantener su actividad”, concluyen.

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