Las principales organizaciones de la distribución comercial de España y Portugal, Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), Aped (Associaçao Portuguesa de Empresas de Distribuiçao) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), han unido fuerzas para reivindicar que los intereses del sector sean tenidos en cuenta en la composición de las instituciones europeas que saldrá de la convocatoria electoral del próximo 9 de junio.

Por ese motivo, han elaborado un Manifiesto Hispano-Luso conjunto, en el que reclaman una "mayor consideración social y política del sector en el próximo Parlamento Europeo".

En concreto, las asociaciones de España y Portugal reclaman que la distribución cuente con portavoces líderes en cada uno de los grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo y un comité específico de retail en la Eurocámara.

Además, solicitan la creación de un grupo de expertos en la Comisión Europea (que se encarga de proponer leyes) con la finalidad de "desarrollar una interlocución constructiva entre el legislador y las empresas".

Absentismo laboral y sobrerregulación, problemas en auge

Por otro lado, las organizaciones firmantes han reivindicado la necesidad de "establecer mecanismos para reducir el absentismo laboral", en auge en ambos países, incrementar la capacidad para atraer y retener el talento y reducir el coste regulatorio de la normativa laboral, entre otros.

El manifiesto también aborda la necesidad de crear un "entorno de seguridad jurídica estable" y evitar la sobreaplicación y la sobrerregulación.

"Es necesario trabajar en la consolidación y el acceso a un Mercado Único Europeo y priorizar la eliminación de las barreras regulatorias injustificadas. Sobre todo, las que afectan a la libertad de empresa en el comercio. Esto tiene que ir acompañado de una armonización de los criterios en la Unión Europea para evitar que normativas nacionales fragmenten el funcionamiento del mercado único, así como de medidas para abordar las restricciones territoriales de suministro", recoge el manifiesto.

Entre las normas que más preocupan por su impacto en la competitividad comercial destacan el Reglamento de la Lucha contra la Morosidad y la revisión de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales en la Cadena Alimentaria.

El manifiesto también pone énfasis en la sobrerregulación medioambiental y señala las 600 normas delegadas en este ámbito que la próxima legislatura europea tendrá que abordar.

"Especialmente importante resulta analizar el impacto de las normativas sobre la gestión de residuos y residuos de envases, las normas de sostenibilidad ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza), la taxonomía europea (CSRD -Deforestación, Diligencia Debida y Trabajos Forzosos) y los Sistemas Alimentarios Sostenibles", precisa el manifiesto.

Los firmantes consideran que "la defensa de los intereses del sector debe guardar consonancia con su importancia para ambas economías y para la vida diaria de los ciudadanos".

Debe tenerse en cuenta que el comercio es un sector estratégico para la economía de ambos países; representa el 13% del PIB y el 17% del empleo en España y el 13% del PIB y el 14% del empleo en Portugal. 

Contribuye a la creación de "empleo estable, de calidad y femenino", además de contribuir a la vertebración social y territorial de ambos países.