La Distribución (Anged) valora positivamente la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que ha sido publicada en el BOE este miércoles, 2 de abril, y ha señalado que, para garantizar la coherencia y eficiencia de los objetivos, "es deseable que aquellas empresas que operan en toda España puedan elaborar planes de prevención de la reducción del desperdicio a nivel nacional".
En este sentido, y en la misma línea que ya se había manifestado Aecoc, La Distribución considera que "fragmentar en 17 mercados autonómicos esta materia solo añadiría costes innecesarios y capas de burocracia a una lucha contra el desperdicio alimentario en la que participa el conjunto de la sociedad".
De igual modo, desde la asociación que agrupa a compañías como Carrefour, Eroski, Alcampo o El Corte Inglés han remarcado que, gracias a medidas como las innovaciones en la gestión de los stocks, la mejora de los sistemas logísticos y de refrigeración, la evolución de los envases o las acciones de sensibilización a los consumidores, "el desperdicio en las empresas de la distribución se ha reducido por debajo del 1% del total de los productos que comercializan".
Buenas prácticas y ambiciosos objetivos
El nuevo texto normativo, en cuyo proceso legislativo han participado todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, recoge buenas prácticas "ya impulsadas por las empresas de la distribución", según Anged, y marca unos ambiciosos objetivos de reducción del desperdicio para 2030: del 50% para el ámbito doméstico y de un 20% en los procesos de producción y distribución.
La entidad presidida por Matilde García Duarte ha incidido, además, en el triple impacto que esta lucha contra el desperdicio alimentario tiene para la sostenibilidad: "Es un pilar de la eficiencia económica de las empresas; ayuda a reducir la huella medio ambiental de los procesos; y permite involucrar a todos los agentes, incluidos los consumidores, en la consecución de un objetivo que es bueno para toda la sociedad", afirman.
También ha recordado que la nueva ley establece un sistema claro de responsabilidades en materia de seguridad alimentaria que incentiva y da seguridad jurídica a las donaciones de alimentos, subrayando al respecto que "la reducción del IVA a las donaciones supone un incentivo adicional para las empresas que ya colaboraran desde hace más de dos décadas con bancos de alimentos y organizaciones del tercer sector".
Por lo que se refiere a la jerarquía de prioridades establecida en la gestión de las pérdidas y el desperdicio alimentario que no se haya podido evitar, La Distribución concluye que la nueva normativa ofrece "la flexibilidad necesaria y justificación", y ha reafirmado que esta es "una práctica en la que ya se viene trabajando en la distribución".
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