La elaboración de los planes de prevención que tendrán que llevar a cabo las empresas en el marco del cumplimiento de la recién aprobada Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es el primero de los "tres grandes desafíos" que la nueva normativa representa para el sector de gran consumo, según ha señalado este miércoles la portavoz de Aecoc, Nuria de Pedraza, durante la presentación del segundo Barómetro sobre Desperdicio Alimentario elaborado por la entidad: "Las empresas van a necesitar ayuda para elaborar estos planes, de acuerdo con lo que recoja el desarrollo reglamentario de la ley; algunas ni siquiera son conscientes de que este tema les afecte", ha afirmado.
Pese a ello, De Pedraza ha recalcado que "el sector no parte de cero, porque llevamos más de diez años trabajando la reducción y prevención del desperdicio alimentario". En este sentido, la portavoz ha recordado que, desde 2012, Aecoc trabaja con la participación de más de 700 empresas de toda la cadena, incluidas grandes y pequeñas, en el proyecto "La alimentación no tiene desperdicio", con notables resultados: si en 2013 el porcentaje de desperdicio sobre el total comercializado por las compañías de gran consumo era del 1,78%, en 2024 se ha reducido al 0,48%, debido a "las buenas prácticas, la sensibilización y el trabajo de colaboración entre todas las partes", según la responsable.
El segundo de los retos identificados por la asociación de fabricantes y distribuidores de cara al cumplimiento de la nueva normativa -"no queremos hablar de dificultades, porque el sector comparte plenamente los objetivos y el espíritu de la ley", ha advertido De Pedraza-, es la necesidad de homogeneización legislativa, "para que no haya 17 normativas diferentes" y facilitar así a las empresas el trabajo de cuantificación y elaboración de sus planes.
Como ha argumentado la portavoz de Aecoc, "aunque esta es la primera normativa de ámbito nacional, Cataluña, por ejemplo, ya cuenta con un desarrollo reglamentario para prevenir el desperdicio de alimentos y la reducción del desperdicio, y nuestra preocupación, que ya hemos trasladado a la Administración, es que haya distintas regulaciones en este ámbito". No obstante, es un tema que "parece estar bien cubierto, aparentemente", según Aecoc, ya que "lo que nos han respondido es que la actual ley permite un plan nacional para todo el territorio".
Donación de productos, el tercer gran reto
De Pedraza ha sostenido igualmente que, aunque la mayoría de las compañías ya tienen acuerdos con entidades del tercer sector para organizar la redistribución y la donación de productos, este será el tercero de los frentes abiertos y que plantea interrogantes en su plano práctico: "Al pasar a ser una obligación legal, creemos que va a haber un incremento muy notable de las donaciones", ha señalado.
Un nuevo escenario que será "relativamente sencillo" de afrontar en el caso de las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Sevilla o Zaragoza, pero no así en las pequeñas localidades: "Aquí no será tan fácil encontrar entidades que recojan esos productos, los transporten adecuadamente y los redistribuyan, sobre todo con la complicación que tiene, por ejemplo, la donación de productos frescos en cuanto a los tiempos que exige la cadena de frío y las medidas de seguridad alimentaria… Esto es muy difícil, pero es lo que hay que trabajar justamente”, ha destacado la portavoz.
De Pedraza ha asegurado que en esos lugares habrá que buscar "entidades de proximidad como comedores sociales y pequeñas parroquias, con capacidad de respuesta rápida", como parte de las soluciones que ya están investigando las empresas: "En algunos casos incluso ya se están encargando ellas mismas de realizar esta redistribución, con su propio transporte, para hacer las donaciones", ha añadido.
A favor de incentivar en lugar de sancionar
Por lo que se refiere al sistema de sanciones contemplado en la nueva ley, cuya cuantía va de los 2.000 euros para las leves hasta el medio millón de euros si se trata de conductas reincidentes o si hay un impacto significativo en la cadena alimentaria, Aecoc, que ha participado en el proceso de consultas de la ley, se había mostrado -al igual que han hecho otras organizaciones del sector, como Asedas y Fiab- a favor de incentivar la lucha contra el desperdicio, como se hace en Italia, en lugar del modelo sancionador francés.
Ante la decisión final de sancionar en España, De Pedraza ha señalado: "Nosotros somos muy claros y transparentes; siempre hemos pensado que es mejor incentivar que sancionar". No obstante, la portavoz ha añadido que "lo que nos han trasladado las autoridades y las administraciones competentes es que la intención no es tanto la de penalizar, aunque se haya preferido que este marco normativo vaya acompañado de este régimen sancionador para aquellas empresas que incumplan".
En todo caso, "las bandas de sanción son muy amplias", en opinión de Aecoc, "y para recibir sanciones elevadas tendrías que tener una aproximación totalmente contraria a la ley y estar decidido a no cumplirla, y eso no va a suceder porque, de hecho, las empresas llevan ya años trabajando en este tema", ha recalcado De Pedraza.
De igual modo, la portavoz ha apuntado que también habrá que ayudar al consumidor a aprovechar mejor los alimentos en el hogar y ha reclamado en este sentido una mayor sensibilización respecto a la venta de alimentos "feos o con imperfecciones", un aspecto que promueve la ley, y que no goza de mucha aceptación popular: "Nos parece una muy buena medida, pero por lo general este tipo de productos son rechazados, así que tenemos que realizar un importante trabajo de divulgación; es preciso cambiar la mentalidad de todos", ha concluido.
