Las reacciones a la muy esperada Ley contra el Desperdicio Alimentario, aprobada definitivamente este jueves por el Congreso, no se han hecho esperar. Aunque llega con retraso respecto a otros países europeos -se posiciona como el tercer país de la Unión Europea (UE) en legislar en ese sentido, tras Francia e Italia-, las diferentes patronales, asociaciones de la cadena alimentaria y organismos del sector han coincidido en calificarla como "un paso necesario" y "un avance importante hacia un sistema alimentario más sostenible y eficiente", ya que aborda un problema global y una pérdida de riqueza que se produce a lo largo de toda la cadena.

El objetivo es claro: reducir la cifra global de desperdicio, que en 2023 se situó en España en 1.214,76 millones de kilos, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, involucrando para ello a todos los agentes de la cadena alimentaria. Para ello, el texto de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario contempla una batería de medidas muy diversas como la obligación de que bares y restaurantes ofrezcan envases para llevarse las posibles sobras, la exigencia de que los supermercados donen sus excedentes y la imposición de que todas las empresas de la cadena alimentaria cuenten con planes de prevención para evitar que la comida acabe en la basura.

Según informa el Congreso de los Diputados a través de un comunicado, la iniciativa busca "la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos" por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta "al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030", además de disminuir las pérdidas y el desperdicio de los alimentos "promoviendo la economía circular", y sensibilizar e informar a los agentes de producción, transformación, distribución, hostelería, restauración, personas consumidoras y ciudadanía en general.

En cuanto al desperdicio alimentario, se busca una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y del consumo (en restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares), y una reducción del 20% "de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030, respecto a 2020".

Un plan global muy ambicioso que, no obstante, "todavía tiene aspectos que se podrían mejorar", como subrayan desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), y cuyo alcance real es casi imposible medir a día de hoy, en opinión de los expertos -recordemos que la ley ha sido aprobada pero no está publicada aún en el BOE; será entonces cuando podamos conocer con exactitud qué cambios se han introducido-: "Las últimas enmiendas han cambiado mucho la ley y han reducido las obligaciones haciendo que sea mucho más laxa", por lo que "el verdadero impacto dependerá de cómo se implemente y supervise, y de si se acompaña de incentivos y apoyo a las empresas y a las entidades del tercer sector para cumplirla de manera efectiva", afirma María J. Herrero, fundadora de FoodAdvisor y de la Comunidad DAS (Desperdicio Alimentario Sostenible).

Coincidiendo plenamente con este hilo argumental, para Kilian Zaragozá, CEO y fundador de Naria, plataforma especializada en la gestión de excedentes alimentarios, no cabe duda de que la nueva normativa que establece un marco legal claro para reducir el desperdicio de alimentos, promoviendo la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores, hostelería y consumidores. "Sin embargo, aunque la ley es un avance, su impacto dependerá de su correcta implementación y del apoyo a las empresas para adaptarse a los nuevos requerimientos", puntualiza.

Excedentes y donación de alimentos

Para el sector de distribución y la industria alimentaria en concreto, los mayores cambios que introduce la norma residen en la obligación de cuantificar los excedentes, establecer planes de prevención, priorizar la donación de alimentos y buscar la forma de revalorizar aquellos alimentos que no se puedan donar, lo que requerirá ajustar procesos logísticos, mejorar la coordinación con entidades sociales y redefinir estrategias de producción y comercialización.

Al respecto, desde Asedas aseguran que estas actuaciones regulatorias están en línea con la labor que la distribución alimentaria viene desarrollando desde hace años para luchar contra el desperdicio alimentario, como la donación de alimentos y acciones de valorización como la transformación para alimentación animal: "Nuestras cifras de desperdicio (empresas de Asedas) rondan el 0,6, puesto que ya tenemos los planes de prevención funcionando. La distribución, en general, es el sector que presenta mejores cifras por razones de eficiencia comercial (control de surtido) y logística", afirman desde la patronal, a lo que añaden que "la mayoría de las empresas cuentan con los planes de prevención que exige la ley" y que consideran "positivo" que en todo caso la ley permita modificar la jerarquía de donación por motivos justificados conforme a las características del sector.

La nueva ley obliga a que los excedentes se destinen preferentemente al consumo humano antes que a otros usos.

Por su parte, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), que ha ensalzado la conveniencia de la norma por cumplir objetivos, sociales y económicos, ha señalado de igual modo que "esta ley viene a armonizar lo que ya se hacía", como "las donaciones de alimentos que el sector lleva años haciendo": "Además de las donaciones para consumo humano, la industria alimentaria lleva tiempo poniendo en marcha el aprovechamiento de los subproductos para incorporarlos a la propia cadena o para abrir nuevas líneas de negocio a partir de estos subproductos", afirma Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de Fiab.

El CEO de Naria apunta, no obstante, que "en zonas rurales o con menos infraestructura, encontrar organizaciones receptoras con capacidad logística puede ser complicado", y considera que la logística en esta donación de alimentos va a ser uno de los grandes desafíos en la práctica ya que "no todas las entidades sociales tienen la capacidad para recoger y distribuir los excedentes de supermercados y restaurantes".

Y es que los cambios también afectarán por supuesto a la hostelería y restauración, que deberá implementar igualmente medidas para minimizar el desperdicio y ofrecer al consumidor la posibilidad de llevarse la comida no consumida, un espíritu con el que se manifiestan en plena sintonía desde Hostelería de España: "Por un mero control de costes, que impacta en la rentabilidad de las empresas, el escandallo y aprovisionamiento en los establecimientos de hostelería es algo que se vigila especialmente", aseguran.

En este sentido, recalcan que la primera medida que se establece en la jerarquía de prioridades establecida en la ley, la transformación de productos alimentarios aptos para el consumo humano, "es algo que siempre se ha hecho en hostelería, con la cocina de aprovechamiento de todos los excedentes que no hayan estado en contacto con los clientes", y añaden que "precisamente es en el plato de los comensales donde se produce el mayor desperdicio en hostelería, y debe hacerse un trabajo de asesoramiento y concienciación".

En su opinión, la jerarquía de donación que se establece en la ley "es muy razonable" y contempla "las realidades de los diferentes tipos de sectores, y de las diferencias territoriales de nuestro país". Además, valoran positivamente que la ley contemple la posibilidad de que las microempresas, "que son la mayoría de este sector", puedan quedar exentas del plan de prevención, así como de los contratos de donación; "lo que no quiere decir que de manera voluntaria se pueda llevar a cabo, como ya se está haciendo", puntualizan.

Cambios percibidos por los consumidores

Entre las principales novedades de la norma que podrán ser apreciadas por los consumidores cabe destacar un mayor acceso a productos con descuentos y promociones cuando se acerque su fecha de consumo preferente, así como más opciones para adquirir alimentos de temporada y ecológicos. "También podrán notar un cambio en supermercados, con espacios específicos para productos ‘imperfectos’ o con pequeñas mermas estéticas, pero totalmente aptos para el consumo", según advierte el CEO de Naria. Y tampoco se descarta que haya "más sensibilización sobre el desperdicio, lo que puede influir en sus hábitos de compra y consumo", añade la experta María J. Herrero.

En el ámbito hostelero, sin embargo, "los consumidores no deberían notar grandes cambios", en opinión de Hostelería de España, ya que "la obligación de ofrecer los sobrantes del plato viene a regular algo que realmente estaba muy extendido en el sector y que se producía en la mayor parte de los establecimientos de hostelería de manera natural". La novedad ahora es que los establecimientos deben informar sobre ello y proveer de los envases de manera gratuita, salvo en el caso de que sean de plástico, que la Ley de Envases obliga a cobrar al cliente. 

Bares y restaurantes deberán facilitar recipientes reciclables o reutilizables para que los clientes se lleven la comida sobrante.

Sistema de sanciones, el ‘punto negro’ de la ley

Como explican desde Asedas, "el aspecto más controvertido de la nueva ley es el sistema de sanciones", cuya cuantía va de los 2.000 euros para las leves hasta el medio millón de euros si se trata de conductas reincidentes o si hay un impacto significativo en la cadena alimentaria.

En opinión de la patronal, "la finalidad de la legislación debe ser incentivar buenas prácticas y medidas que fomenten una reducción progresiva de las pérdidas y el desperdicio alimentario", teniendo claro que "el desperdicio alimentario es un problema de todos que afecta a la totalidad de la cadena".

En la misma dirección se ha manifestado Fiab, al recalcar como aspecto mejorable de la nueva ley "que el régimen sancionador no sea tan desproporcionado, sino que exista una coherencia entre la penalización y la infracción ya que es preferible ofrecer incentivos a imponer sanciones".

Según la valoración de la fundadora de FoodAdvisor, "uno de los principales desafíos será la supervisión y el control efectivo del cumplimiento, especialmente en pymes y pequeños comercios afectados". Además, la falta de infraestructuras adecuadas para gestionar los excedentes, la posible resistencia al cambio en algunos sectores y la necesidad de formación y sensibilización pueden dificultar la aplicación práctica de la norma. "También será clave que las empresas cuenten con herramientas y apoyo para medir y gestionar sus desperdicios de manera eficiente", añade María J. Herrero.

Los expertos consideran insuficiente el foco de la nueva ley en la educación y concienciación del consumidor.

En opinión de la creadora de la Comunidad DAS (Desperdicio Alimentario Sostenible), la ley no aborda de forma suficiente los incentivos fiscales para la donación de alimentos, "lo que podría limitar su impacto real"; y tampoco trata con la profundidad necesaria cómo se va a supervisar la cuantificación y la aplicación de la jerarquía.

Otra laguna de la normativa actual según Herrero es que no pone suficiente foco en la educación del consumidor, ni en estrategias para mejorar la planificación de la producción y la distribución a nivel estructural. Y además existe, de acuerdo con su visión experta, un vacío en las pérdidas de las cosechas, "donde se debería trabajar con mucho más foco para poder apoyar a agricultores a un cambio de modelo que aproveche más los alimentos que no son tenidos en cuenta por razones comerciales o cadenas largas de distribución".

Por todo ello, y con las gafas de largo alcance, los expertos señalan que es fundamental desarrollar reglamentos claros para la aplicación de la ley y garantizar que haya recursos para su supervisión. También sería clave fomentar la colaboración público-privada para mejorar la logística de donaciones y la gestión de excedentes y el apoyo a las entidades del tercer sector.

Además, sería positivo explorar incentivos económicos y fiscales para facilitar la transición y asegurar que las medidas sean efectivas a largo plazo, y se necesita una estrategia más ambiciosa de sensibilización y educación para que consumidores y empresas interioricen la importancia de reducir el desperdicio desde el origen: "A pesar de todas las medidas introducidas en la cadena, el desperdicio en los hogares sigue siendo un problema importante, por lo que se necesita educación y campañas de sensibilización", incide Kilian Zaragozá.

En definitiva, para llegar a buen puerto con toda la maquinaria legislativa puesta en marcha "la clave está en simplificar la normativa, fomentar la colaboración y asegurar su impacto real en toda la industria", concluye el fundador de Naria.