Los supermercados alertan: "No es posible adaptar nuestro funcionamiento al coste de la energía"

"La energía ha pasado a ser uno de los primeros costes fijos de la distribución alimentaria, por detrás de los recursos humanos. Su incremento en los últimos años ha encendido las alarmas en nuestro sector, que puede ver comprometida su sostenibilidad en los próximos meses". Así lo ha asegurado Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) en el marco de la Cátedra Pérez-Llorca/IE de Derecho Mercantil, en el que se trató sobre La regulación energética y su impacto en la economía.

García Magarzo ha recordado que este sector presenta rasgos distintos a los de otras actividades "por su dispersión geográfica, porque debemos asegurar la cadena del frío y porque no podemos cerrar nuestras tiendas que distribuyen alimentos a los consumidores; de modo que no es posible adaptar nuestro funcionamiento al coste de la energía", ha manifestado.

"Entre los Reales Decretos-Ley del 15 y el 23 de octubre, nos hemos visto sometidos a una enorme amenaza regulatoria que ha puesto en cuestión los contratos de sectores como el nuestro, en que predomina la contratación a medio plazo", subrayó.

Esta amenaza "tan grave, inesperada y difícil de justificar" ha quedado solventada en parte por el segundo Real Decreto-Ley, pero García Magarzo instó al Gobierno a hacer lo posible "para que el coste energético sea estable, porque si los precios están sometidos a subidas y bajadas que no pueden regularse mediante contratos, podemos tener un problema muy serio para lograr ser eficientes y competitivos en un sector con los márgenes tan bajos como el nuestro”.

CERTIDUMBRE REGULATORIA

Por su parte, Ana Cremades, socia de Pérez-Llorca y abogada del Estado en excedencia, considera que las medidas legislativas que adopte el Gobierno en materia energética "no deben tener como efecto desincentivar la producción renovable, sino que deben ser consistentes con los ambiciosos objetivos de transición energética del Ejecutivo". "La seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria son un elemento clave para atraer inversiones a España", ha manifestado.

Fernando Fernández Méndez de Andes, Profesor de IE University, inició su intervención recordando que los costes de generación "solo representan un tercio de la tarifa eléctrica: otro tercio financia políticas públicas y el restante son impuestos y conceptos como el de los derechos de emisión", a los que el ponente se refirió como "al coste directo de la transición energética".

Apuntó también que hemos de acostumbrarnos a unos precios altos de la energía, "quizás no a los niveles actuales, pero sí a los impartidos por lo poco atractiva que va a resultar la inversión en un gas destinado a desaparecer y a que el precio de los derechos de emisión vaya a multiplicarse por cinco para cumplir con los objetivos de descarbonización fijados para 2050".

Respecto al impacto macroeconómico del aumento de los costes energéticos, el economista y profesor de IE University consideró que "un punto y medio de la actual subida de la inflación es directamente atribuible al precio de la energía”, y que ocurre lo mismo con la corrección en el crecimiento esperado de la economía española en 2021, “que ha pasado del 6% a situarse entre el 4,5 y el 5%".

A título más general, Fernández lamentó "la reacción histérica del Gobierno, cambiando la legislación cada quince días de forma poco edificante".

Por último, Jesús Cudero, Of Counsel de Pérez-Llorca y Magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, pidió "una reflexión de en qué medida ha comprometido la seguridad jurídica no solo lo ocurrido en el último mes y medio, sino la regulación del mercado energético durante los últimos 25 años".