Cuenta atrás para el etiquetado en Braille: ¿revolución inclusiva o desafío insostenible para las empresas?

Este mes de junio es la fecha que “se intuye”, según ha podido saber FRS, para que sea aprobado el proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno por el que productos y bienes de gran consumo deberán incluir, de forma pionera en Europa, el sistema Braille en su etiquetado. Pese al consenso unánime e incuestionable en torno al loable objetivo que persigue la nueva norma -garantizar la accesibilidad universal-, las nubes planean, sin embargo, sobre algunos aspectos que no convencen plenamente a todos los actores implicados, como su carácter obligatorio y los términos de su implementación en tiempo y forma.

La Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad, aprobada en 2022, prevé el desarrollo reglamentario de una etiqueta en alfabeto Braille para productos y bienes de consumo que actualmente se halla en proceso de tramitación por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, y que verá la luz próximamente: “Se prevé que el Real Decreto sea aprobado en junio de 2025”, según fuentes consultadas por este medio.

En concreto, en su disposición adicional primera la citada ley recoge que: “El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto Braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables”.

Así, tras dos siglos desde la invención de este sistema táctil de escritura y lectura, y casi dos años después de ser aprobada la ley 4/2022, de 25 de febrero, es decir, con más de un año de retraso respecto a lo previsto, el ordenamiento jurídico español incorporará por vez primera el deber de incluir el Braille al etiquetado de productos de gran consumo, “beneficiando directamente con esta medida a las personas ciegas y con deficiencia visual grave, que en la actualidad superan las 71.000 personas afiliadas a la Once, así como a otras personas con baja visión y a las personas mayores”, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Tras dos siglos desde la invención de este sistema táctil de escritura y lectura, y casi dos años después de ser aprobada la ley 4/2022, de 25 de febrero, el ordenamiento jurídico español incorporará por vez primera el deber de incluir el Braille al etiquetado de productos de gran consumo

En opinión del Cermi, organismo integrante del grupo de trabajo del proyecto de este Real Decreto junto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y con la participación de la Once, la incorporación de este etiquetado inclusivo, “largamente reivindicado por quienes tienen discapacidad visual, les permitirá a estas personas acceder a la información de los productos de manera autónoma, mejorando así su capacidad para tomar decisiones de consumo de forma independiente”.

PRODUCTOS AFECTADOS

El Real Decreto afectará a los productos que pueden ser catalogados como de “especial relevancia” para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, según los criterios determinados por la Unión Europea. Entre ellos cabe destacar productos alimenticios que pueden provocar alergias o intolerancias, como carnes, pescados, huevos, leche, café o conservas. También se incluyen los productos cosméticos y de cuidado personal, así como aquellos que contengan sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud, como los abonos, plaguicidas y otros productos inflamables.

Actualmente esta información suele estar reflejada de manera visual, pero ahora, tras la aprobación de este Real Decreto, también deberá ser accesible para las personas ciegas y con discapacidad visual. “El etiquetado accesible de estos bienes es de especial relevancia para garantizar la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad visual, que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consumidoras”, subrayan desde Cermi.

El Real Decreto afectará a los productos que pueden ser catalogados como de “especial relevancia” para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, según los criterios determinados por la UE

El propio Bustinduy ha manifestado que la accesibilidad universal debe ser una realidad también en materia de consumo, incidiendo en que “una actividad tan cotidiana como comprar, devolver o reclamar un producto no debe convertirse en una carrera de obstáculos para una persona con discapacidad”.

No hay que olvidar que el problema con el que se encuentran estos “consumidores vulnerables” con discapacidad visual a la hora de afrontar sus compras diarias no se limita únicamente a no poder localizar la ubicación exacta de los alimentos u otros productos en un supermercado, sino que les impide conocer sus componentes o comprobar si se trata de productos peligrosos, como pueden ser desinfectantes o artículos inflamables.

En este sentido, la nueva etiqueta deberá incluir, al menos, los siguientes datos en sistema Braille:

• Denominación o nombre comercial del producto.

• Naturaleza y categoría del producto.

• La palabra de advertencia “peligro” o “atención” en caso de que el producto contenga sustancias potencialmente nocivas para la salud.

• En su caso, la sustancia que cause alergias o intolerancias.

Además, por una cuestión de espacio, se deberá incluir también un código QR accesible. Este código, que deberá ir señalizado en relieve, proporcionará información complementaria sobre la composición del producto, su origen, fecha de caducidad, así como los datos de contacto necesarios para que los consumidores puedan ejercer sus derechos.

UN AVANCE “MUY ESPERADO”, PERO SOBRE EL QUE PLANEAN DUDAS

La implementación de esta medida es considerada desde Cermi como “un avance fundamental y muy esperado”. Argumentan que “el etiquetado accesible mejorará sustancialmente la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual, permitiéndoles tomar decisiones informadas como consumidoras. Este es un paso importante hacia la inclusión real de las personas con discapacidad visual”.

Pese a ello, recalcan que es esencial continuar trabajando en otros aspectos relacionados, “como la accesibilidad de las plataformas de compra en línea y la implementación de mecanismos de compra asistida, para garantizar una experiencia de consumo completamente inclusiva”.

Asumiendo como punto de partida que favorecer la accesibilidad universal es un tema sensible y un principio con el que nadie puede estar en desacuerdo, las discrepancias afloran a la hora de valorar el método y las herramientas más eficaces para hacerla posible. Al respecto, desde la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), con más de 34.000 empresas asociadas, manifiestan sus reservas acerca de que la implementación obligatoria del alfabeto Braille sea la solución más acertada, así como su preocupación por las consecuencias que esta medida puede conllevar: “Está fuera de toda duda el compromiso total de las empresas con la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad y en facilitar la máxima información posible a los consumidores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y esta tiene que ser la tesis principal de cualquier empresa que vende productos al consumidor final; está clarísimo. Ahora bien, creemos que ya existen herramientas tecnológicas en el mercado, como los códigos QR, más eficaces y competitivas, que tienen una implementación inmediata y que garantizan esta accesibilidad aportándole al usuario mucha más información que cualquier otro tipo de etiquetado y de lenguaje, y una información que además se puede actualizar, estructurar y locutar”, explica a FRS Ferran Boadas, responsable de Asesoría Jurídica y Public Affairs de Aecoc.

Cabe destacar que, aunque el proyecto de Real Decreto no limita el tipo de formatos que se pueden utilizar como complemento al alfabeto Braille, éste sí será de uso obligado en las circunstancias ya mencionadas.

Ya existen herramientas tecnológicas en el mercado, como los códigos QR, que tienen una implementación inmediata y que garantizan esta accesibilidad aportando al usuario mucha más información que cualquier otro tipo de etiquetado y de lenguaje", señalan desde Aecoc

El posicionamiento defendido por Aecoc es el de garantizar la accesibilidad a través de herramientas tecnológicas, y “establecer la voluntariedad del etiquetado Braille para aquellas empresas que acrediten garantizar la accesibilidad universal y deseen implementarlo en sus productos, pero desde una óptica voluntaria y complementaria”. Entre sus argumentos, esgrimen datos para la reflexión como que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solamente 11.400 personas pueden leer Braille en España, lo que contrasta con la penetración del smartphone, que es cercana al 100%; o que solo alrededor de un centenar de personas de más de 80 años en nuestro país lee correctamente este lenguaje táctil.

IMPOSIBILIDADES TÉCNICAS

Más allá de las ventajas que las herramientas basadas en QR pueden ofrecer frente al Braille, los inconvenientes o ineficacias que la obligatoriedad de este sistema en el etiquetado conllevaría para las empresas y la industria son significativas, según Aecoc. “Su implementación obligará a una adaptación tanto de los envases como de las líneas de producción: materiales, moldes, troqueles... Es cambiar completamente el sistema de producción de miles y miles de empresas, lo que requerirá una inversión de gran impacto económico que muchas de ellas, sobre todo pymes, no podrán asumir; además de generar retrasos e ineficiencias”.

Desde la asociación destacan que, más allá del importante coste, habrá imposibilidades técnicas, “ya que hay envases que no se podrán adaptar o no tendrán espacio suficiente para incorporar información en Braille”; y habrá envases que se tendrán que ampliar “y, por lo tanto, serán más voluminosos, lo cual tendrá consecuencias en el almacenaje, en el transporte y en los lineales de los centros de distribución”.

De igual modo, señalan que habrá que cambiar productos que, por su propia naturaleza, resultará imposible que se puedan etiquetar en Braille o introducir un código QR, como es el caso de los productos vendidos en comercios a granel o productos que no disponen de envases, porque se envasan en el propio punto de venta, ya sea un comercio, un establecimiento del sector Horeca o de naturaleza análoga. Por ello, en Aecoc defienden la necesidad de que la normativa que está en tramitación “incluya una exoneración para todo este tipo de productos, dejando claro que no están comprendidos”.

Otras peticiones lanzadas desde la asociación son un tiempo transitorio de adaptación de dos años para las empresas afectadas, con el fin de que puedan implementar las soluciones de accesibilidad del proyecto de Real Decreto; y que los productos que ya se encuentren en el mercado, a la fecha de entrada en vigor de la norma, se puedan seguir comercializando, con el fin de evitar el reetiquetado de los mismos.

“A veces parece que todo se basa en una queja o una inconformidad y no es así. El reto de las empresas y la cadena de valor es transmitir nuestro mensaje de optimismo, en el sentido de que somos propositivos y defendemos que hay alternativas muy competitivas, y muy económicas, para ofrecer soluciones compatibles y acordes con la exigencia que se establece en la Ley de Consumidores y Usuarios, y queremos dejar claro que tenemos ganas de implementarlas, de trabajar con el sector para que así sea y trabajar tanto con la Administración como con los desarrolladores tecnológicos para garantizar la accesibilidad al 100%”, subraya el responsable de Asesoría Jurídica y Public Affairs de Aecoc.

Ferran Boadas añade que, pese a haber mantenido reuniones con la Administración y con entidades de colectivos con discapacidad visual, “desconocemos sinceramente por qué no se nos ha hecho más caso... Curiosamente, hemos detectado que no es lo mismo hablar con ciertos colectivos de personas directamente que con los órganos políticos que les representan; aquí es donde surgen las discrepancias, tal vez por una interpretación errónea de la legislación, no sabemos...”.

En todo caso, consideran que “para continuar avanzando en esta senda es imprescindible que tanto los colectivos con discapacidad visual como la Administración y las empresas trabajen conjuntamente para llegar a la mejor solución posible, en un tiempo plausible”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA ACCESIBILIDAD

Que la transformación digital ofrece un enorme potencial para el consumo accesible resulta a estas alturas una obviedad, y un ejemplo de estas nuevas oportunidades lo constituye la utilización de códigos de respuesta rápida (QR) en el etiquetado de bienes y productos de consumo, así como otros aplicativos derivados de la tecnología, como es el caso de la herramienta Aecoc Escan QR, diseñada para ayudar a las empresas en la creación de etiquetas electrónicas; o NaviLens. Este último es un sistema de códigos digitales de alta densidad y contraste, que permite a un dispositivo móvil reconocer el código de forma casi inmediata, sin necesidad de enfocar la cámara con precisión ni tener que marcarlo con un relieve táctil, facilitando a las personas con problemas de visión acceder a toda la información de los productos.

Las empresas del sector de gran consumo han venido mostrando en los últimos años un interés creciente en la accesibilidad y en la inclusión, conscientes de que la sociedad demanda más RSC y de que cada vez hay más normativas relacionadas con el diseño universal

Estos códigos pueden escanearse desde varios metros de distancia y en ángulos muy amplios, lo que favorece la autonomía y la accesibilidad. Al escanearse, el código proporciona información clave del producto (ingredientes, alérgenos, instrucciones, promociones, etc.) mediante voz, texto ampliado o cualquier formato accesible. Además, NaviLens facilita la localización de productos en el lineal, mejorando la experiencia en tienda para todos los consumidores.

De acuerdo con la experiencia del equipo responsable de NaviLens, las empresas del sector de gran consumo han venido mostrando en los últimos años un interés creciente en la accesibilidad y en la inclusión: “Conscientes de que la sociedad demanda más responsabilidad social corporativa y de que cada vez hay más normativas relacionadas con el diseño universal, grandes marcas -tanto internacionales como nacionales- han iniciado ya proyectos o han implementado de forma escalable soluciones NaviLens en sus productos”, apuntan.

Tal es el caso de Kellogg's, P&G, Grupo Bimbo, Henkel, El Pozo Alimentación, Foxy, entre otras marcas; o el del laboratorio farmacéutico Cinfa, que recientemente ha anunciado la incorporación de los códigos QR NaviLens en todos sus productos (1.500 SKUs).

CONCIENCIACIÓN EN AUMENTO

Esta concienciación, que “hace unos años era más limitada”, ha ido en aumento según los expertos consultados por FRS debido a varios factores, como una mayor sensibilidad social (las empresas son cada vez más conscientes de su responsabilidad con la inclusión y de los beneficios reputacionales que conlleva); la inminencia de nuevas leyes y directivas europeas orientadas a la accesibilidad, que ha impulsado a muchas compañías a adelantarse a estos requisitos; o los beneficios que implica para la marca y para el usuario: la inclusión repercute positivamente en la experiencia de compra de muchos consumidores (personas con discapacidad, personas mayores, turistas con barrera idiomática…) y fortalece la imagen de la marca.

En todo caso, y aunque el panorama es optimista, también identifican algunos retos, entre los que cabe destacar:

• Desconocimiento de las soluciones disponibles: muchas compañías desconocen que existen tecnologías maduras, fáciles de integrar y con un coste asequible.

• Resistencia al cambio en el diseño de envases: adaptar el etiquetado o incluir códigos puede generar reticencias iniciales por cuestiones de imagen de marca o de espacio en el packaging.

• Necesidad de sensibilización y formación interna: la inclusión es un proceso que implica a varios departamentos (marketing, legal, RSC, etc.). Para que la implementación sea exitosa, las empresas deben concienciar y formar a sus equipos en la importancia de la accesibilidad.

• Alineación con las directrices y normativas: la implementación de soluciones inclusivas, para ser definitiva, ha de ser parte de una estrategia a largo plazo, coherente con los principios legales, sociales y medioambientales que promueven la accesibilidad.

En opinión de los profesionales consultados por FRS, entre las medidas a adoptar para favorecer el impulso definitivo de soluciones inclusivas cabría destacar el compromiso institucional y normativo, dado que “el marco legal es un excelente catalizador para la adopción masiva de este tipo de soluciones”; o la difusión de casos de éxito, ya que mostrar ejemplos reales de empresas que ya han aplicado el etiquetado inclusivo con beneficios medibles para su marca y para los consumidores es esencial para animar a más compañías a sumarse.

El apoyo a la innovación y la formación es otro pilar básico, según recalca el equipo de NaviLens, ya que “cuando las marcas cuentan con asesoramiento y soporte técnico, el proceso de implementación es mucho más ágil; por eso nosotros ofrecemos guías de buenas prácticas, formación y acompañamiento integral para garantizar resultados óptimos”.

PIONEROS Y REFERENTES EN ESTE ÁMBITO

Hasta el momento, en España solo era obligatorio etiquetar en Braille los productos sanitarios, conforme a la normativa europea. El etiquetado en Braille de productos de consumo era asumido de forma voluntaria por algunas empresas, “pero sin una regulación específica”. En este sentido, a través de la Comisión Braille Española (CBE), la Once ha venido asesorando desde hace años a las empresas que han optado por incorporar el Braille en sus productos y algunas comunidades autónomas han incluido en sus normas regionales -es el caso del Código de Consumo de Cataluña- la opción de poner esta información, pero sin establecerlo como obligatorio.

La aprobación de esta legislación avanzada y específica en cuanto al etiquetado accesible de productos de consumo convertirá a España en pionera y referente en este ámbito, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)

En otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido, se está luchando por conseguir una norma similar, pero, como explican fuentes de Cermi, “hasta ahora, no han tenido éxito”. Por eso añaden desde el Comité Español que la aprobación de esta legislación avanzada y específica en cuanto al etiquetado accesible de productos de consumo “convertirá a España en pionera y referente en este ámbito”.

Los responsables de NaviLens valoran igualmente de forma muy positiva la decisión de legislar un etiquetado más inclusivo: “Creemos que este avance legal es el reconocimiento institucional de una necesidad que ya existía y que la tecnología puede solventar de manera eficiente”. Por ello, la aprobación de esta medida será, en su opinión, un paso decisivo para eliminar barreras de accesibilidad y fomentar el diseño universal: “Confiamos en que esta nueva legislación será un gran paso para garantizar que la experiencia de compra y uso de productos sea accesible para toda la población”, apuntan.

Desde Aecoc alertan, no obstante, que al ser España el único país de la UE que obligaría, con este paso pionero, al etiquetado en Braille, QR con información dinámica y marcado en relieve de los QR, rompería con ello la unidad de mercado y la armonización normativa, y, sobre todo, afectaría a la libre circulación de mercancías en el territorio comunitario, “lo que distorsiona el mercado europeo”.

En opinión de la asociación, esta distorsión del mercado generaría una “enorme desventaja competitiva” para las empresas que comercializan productos en España, puesto que la implantación obligatoria de los requisitos del Real Decreto “comporta cambios de gran impacto económico en los procesos productivos de las empresas, ya sea por la dificultad técnica o por el coste económico”.

A todo ello añaden que esta desventaja competitiva no solo existirá de España ante otros estados de la UE, sino que generará un perjuicio para las propias empresas que comercializan en España, “puesto que muchas de ellas, por un tema de recursos (la mayoría de las veces atribuidas a sus dimensiones -pymes- o a la situación económica) no podrán implantar los cambios requeridos”.